San José, 14 ago (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes notificó a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) las recomendaciones emitidas en el Informe Final del Expediente No. 188027-2015-SI en el que se analizó la denuncia de un ciudadano, relacionada con los recursos aportados por la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) a las empresas Soresco y Ad Astra Rocket Company.
La suma total invertida por Recope en Soresco y Ad-Astra Rocket asciende a US$52.105.000,0 (US$50 millones cinco mil en Soresco y US$2,10 millones en Ad-Astra Rocket) que equivalen 29,96 mil millones de colones.
Los fondos invertidos por Recope en Soresco y Ad-Astra Rocket Company no se incluyeron en los ajustes tarifarios que la Aresep ha aprobado a Recope.
Sin embargo, Recope utilizó recursos que figuraban en una partida contable denominada “superávit libre”, -que consiste en el exceso de ingresos recibidos sobre los gastos ejecutados al final de un ejercicio presupuestario-, para invertir en Soresco.
Por otra parte, los fondos invertidos en Ad-Astra Rocket Company provinieron de modificaciones en partidas contables del presupuesto de la empresa, principalmente, de la rebaja de la subpartida de servicios de energía.
A criterio de la Defensoría, estos recursos financieros no utilizados para los fines especificados en los ajustes tarifarios aprobados por la Aresep, se debieron devolver, al final del ejercicio contable, a los usuarios finales de los combustibles mediante ajustes tarifarios de oficio que debió ejecutar la Autoridad Reguladora.
La anterior situación, lleva a la Defensoría a considerar que los modelos tarifarios aplicados por la Aresep para fijar el precio interno de los combustibles no han sido congruentes con el principio de servicio al costo establecido en la Ley de 7593, pues han permitido a Recope acumular cuantiosos fondos en la partida de superávit libre.
Además, considera la Defensoría que la misma Aresep ha sido omisa al regular y fiscalizar contable, financiera y técnicamente a Recope, al permitir que dicha empresa presupueste recursos que no ejecuta y que son reconocidos por la vía tarifaria y que, posteriormente, -junto con los recursos de la partida de superávit libre-, los destina a fines no autorizados por la misma Autoridad Reguladora, como son las inversiones en Soresco y Ad-Astra Rocket Company.
Con base en el resultado de la investigación realizada, la Defensoría recomendó al señor Roberto Jiménez Gómez, en su calidad de Regulador General de los Servicios Públicos, lo siguiente: realizar un estudio sobre el origen y uso de los recursos de la cuenta o partida de “superávit libre” de Recope, con la finalidad de que en la liquidación presupuestaria anual, en caso de que se presente un superávit libre, estos fondos sean devueltos a los usuarios de combustibles mediante una modificación de oficio de los precios de los combustibles.
Llevar a cabo una investigación para determinar las eventuales responsabilidades civiles y penales de los funcionarios de Aresep que permitieron la inversión de fondos públicos de Recope en las empresas Soresco y Ad-Astra Rocket, los cuales no habían sido reconocidos en las fijaciones tarifarias, de manera que dichos recursos sean devueltos a los usuarios de los combustibles mediante una modificación de oficio de los precios de los combustibles.
Además, revisar las partidas contables no ejecutadas o subejecutadas por Recope durante el año 2016 y 2017, de manera que los fondos que no utiliza la empresa, según la finalidad para la que fueron aprobados por la Autoridad Reguladora, sean devueltos a los usuarios de los combustibles mediante una modificación de oficio de los precios de los combustibles.
De igual manera verificar el procedimiento y metodología utilizadas por la Autoridad Reguladora en las fijaciones ordinarias y extraordinarias de los precios internos de los combustibles, considerando las observaciones y recomendaciones dadas por la Defensoría en el Informe Final con Recomendaciones del expediente 166939-2014-SI, oficio 05129-2016-DHR de fecha 19 de mayo de 2016, en el cual la Defensoría realizó a la Aresep una serie de recomendaciones respecto al modelo tarifario vigente.
