San José, 29 jul (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes pidió al Estado redoblar esfuerzos para garantizar un abordaje adecuado del delito de trata de personas, en lo que respecta a la protección de los derechos humanos de las víctimas.
La Defensoría reconoce el avance del país para prevenir, investigar y sancionar el delito de trata de personas; así como para la atención de sus víctimas; sin embargo considera que es necesario revisar algunos de los procesos vigentes.
Según la información brindada por la Secretaría Técnica de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (CONATT), durante el año 2013 el Equipo de Respuesta Inmediata acreditó a 29 personas víctimas del delito de trata, sin embargo, durante los años 2014 y 2015 acreditó a 5 víctimas de este delito durante cada uno de esos dos años, lo cual no necesariamente significa que solo exista esa cantidad de personas que requieran de una atención eficiente por parte de las instituciones correspondientes.
El ente defensor considera importante llamar a la reflexión sobre cuáles pueden ser los factores que no están permitiendo al Estado incidir en la investigación oportuna en vía judicial de casos relacionados con este delito; y en la detección y atención oportuna de todas las víctimas reales que existen en el país.
A pesar de que la Ley contra la Trata de Personas (Ley N°9095) creó un fondo específico para el financiamiento de gastos administrativos y operativos para la prevención, investigación, persecución y detección del delito de trata de personas y la atención integral de las víctimas, no se está logrando una ejecución adecuada de estos recursos debido a que las instituciones públicas que integran la CONATT han manifestado la imposibilidad de crear, ejecutar e implementar proyectos en el marco de ese fondo, debido a que no cuentan con el recurso humano suficiente para llevar a cabo esa función.
Ante esto la Defensoría considera que es necesario que el Estado avance en la ejecución de tareas pendientes, como la emisión de la Política Nacional de prevención y combate integral de la trata de personas y sus actividades conexas, y su correspondiente Plan de Acción.
Considera importante también la creación de un registro único sobre casos investigados en vía judicial y personas víctimas del delito de trata atendidas. Cabe mencionar que esta deficiencia ha sido señalada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en el informe que analiza los esfuerzos que realizan los Estados para el abordaje del delito e trata de personas.
Es importante además que cada una de las instituciones e instancias que integran la CONATT definan, en el menor tiempo posible, un mecanismo que les permita avanzar en el diseño y ejecución de proyectos, según el marco de sus competencias, relacionados con la investigación y sanción del delito, así como con la atención de las víctimas del mismo, de forma tal que se logre una ejecución adecuada de los fondos creados a partir de la Ley contra la trata de personas.
A pesar de que el Estado costarricense cuenta con una legislación y mecanismos institucionales para el abordaje del delito de trata de personas, teniendo en cuenta que el fondo económico creado a partir de la Ley N°9095 también incluye las acciones orientadas a la atención del delito de tráfico ilícito, la Defensoría considera oportuno insistir en la necesidad de que también se concreten esfuerzos en la promulgación de una legislación especializada en relación con este otro delito.
El ingreso de personas de nacionalidad cubana y de origen extracontinental experimentado a finales del año anterior y los meses transcurridos durante el año 2016, han puesto en evidencia la necesidad de definir mecanismos idóneos para la atención de las personas que utilizan las vías del tráfico ilícito para ingresar y transitar por el territorio nacional, más allá de un enfoque de control migratorio y con el fin de atender sus situaciones o necesidades particulares de protección en garantía de sus derechos fundamentales, concluye la Defensoría.
