San José, 19 ago (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes remitió una serie de observaciones a un anteproyecto de ley que impulsa el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para la creación del Instituto Nacional de Infraestructura (INI).
Desde el 2013 la Defensoría recomendó a la Administración considerar la posibilidad de cerrar el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y concentrar las labores en un solo ente con una estructura organizativa eficiente, con la cantidad y calidad del recurso humano necesario para ejecutar la labor de planeamiento y ejecución de obras de mantenimiento y construcción de la red vial nacional.
Y aunque el anteproyecto atiende los principales planteamientos de lo recomendado por esta Defensoría, siendo el INI una institución autónoma, cuyo objetivo fundamental será la ejecución de obras de infraestructura del transporte y su mantenimiento, se le recomendaron reforzar la participación ciudadana, la rendición de cuentas, el desarrollo sostenible y atender al situación que ocasionaría en el régimen laboral.
Para la Defensoría, la propuesta de ley debe atender y desarrollar de forma clara y abundante los contenidos de evaluación de resultados, rendición de cuentas y responsabilidad de la gestión administrativa y personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes.
Bajo este marco, el borrador del proyecto es débil en cuanto a medios de control ciudadano, lo cual se agrava tomando en consideración que en el contexto nacional existe desconfianza de los habitantes por la labor realizada por el CONAVI.
Según el ente defensor es necesario el ejercicio de rendición de cuentas, a través de un informe anual, ya sea ante el Consejo de Gobierno, la Contraloría General de la República, la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, la Defensoría de los Habitantes y la ciudadanía en general.
De igual forma, la participación ciudadana debe reflejarse en el Consejo Asesor que establece este proyecto de Ley. Según la propuesta, se creará una Junta Directiva que eleva a nivel técnico la calificación de sus miembros, aspecto que no ocurre con la normativa vigente, con lo cual se podría avanzar en una importante especialización en el tema. Pero también crea un Consejo Técnico Asesor, que pese a tomar en consideración a diferentes sectores, excluye la representación ciudadana y de Gobiernos Locales. Por ello, para la Defensoría resulta importante que exista representación Municipal dentro de este Consejo, ya que muchas de las obras que realiza el Gobierno Central, impactan directamente a comunidades y regiones.
La Defensora de los Habitantes, Montserrat Solano Carboni, señaló que “la representatividad de la ciudadanía es inexistente en todo el proyecto, por lo que sería viable crear algún mecanismo de consulta sobre las recomendaciones emitidas por este órgano, cuyas obras generen algún tipo de afectación, pudiéndose crear un reglamento en cuanto a la forma de procedencia, subsanándose la ausencia de la sociedad civil”.
El proyecto omite priorizar a favor de poblaciones rurales y costeras que con frecuencia exhiben bajos niveles de desarrollo humano en comparación con la Región Central. En muchas de estas comunidades rurales se concentran poblaciones en situación de pobreza, poblaciones afrodescendientes, indígenas y del sector agropecuario incluyendo la pesca artesanal, todas ellas por lo general en situación de desventaja social.
Asimismo, el proyecto adolece de mecanismos y espacios de participación de las poblaciones receptoras, beneficiadas o afectadas con cada proyecto de infraestructura. Esta participación es necesaria para evitar la oposición de las comunidades o poblaciones contra determinados proyectos lo cual haría incurrir al Estado o a las empresas contratadas en gastos imprevistos y ocasionaría un encarecimiento de costos.
Con el fin de garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos, conviene que se desarrolle el concepto de “necesidad calificada”, indica la Defensoría, ya que la falta de claridad del término podría dar lugar a un uso indiscriminado de la figura.
Es indispensable que la aprobación de la viabilidad ambiental, por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, sea un requisito obligatorio previo al otorgamiento de una concesión, permiso o contratación para la construcción de proyectos obras nuevas mayores de infraestructura para el transporte.
De la misma forma, la normativa que rija al Instituto Nacional de Infraestructura debe abordar la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático como un elemento fundamental a considerar en la planificación, inversión y ejecución de obra pública en infraestructura de transporte.
En cuanto a la modalidad en que serán contratados los trabajadores del INI y la forma en que se pagarán sus salarios, es algo fundamental que el anteproyecto no plantea expresamente en el artículo 11, denominado del Régimen Laboral. El Proyecto de Ley no menciona cuál será el Régimen que regulará la relación laboral de sus empleados; simplemente lo deja sujeto al dictado de un Reglamento Autónomo de Servicio.
En relación con la situación de los trabajadores actuales del CONAVI, La Defensoría considera que el MOPT podría valorar establecer una comisión a lo interno MOPT-CONAVI, para analizar con ambos Departamentos de Recursos Humanos la situación actual del personal y así definir con suficiente antelación, la forma en que será analizado cada caso en particular, para garantizar los derechos laborales de estos funcionarios.
En igual sentido, la Defensoría de los Habitantes, iniciará una investigación de oficio en su Dirección de Asuntos Laborales para dar seguimiento al respecto de las garantías que cobijan a estos trabajadores.
