San José, 13 nov (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes rechazó la propuesta de fijación tarifaria solicitada ayer por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), la cual pretende incrementar en el año 2020, las tarifas del servicio de distribución electricidad en un 12,36% y en un 20,74% en el año 2021.
La Defensoría sostiene que el ajuste sobrepasa el porcentaje de la inflación acumulada a octubre del presente año, según el índice de Precios al Consumidor.
Asimismo la ESPH pretende que se aprueben fijaciones para dos años consecutivos lo cual, a criterio de la Defensoría atenta contra la transparencia y participación ciudadana, pues reduce la posibilidad de la fiscalización periódica que los usuarios pueden realizar sobre la operación del servicio.
En este sentido, la Defensoría le recordó a la Aresep que el artículo 30 de la Ley 7593, Ley orgánica de la Autoridad Reguladora, establece que, en materia tarifaria, los prestadores de servicios públicos están obligados a presentar, por lo menos, una vez al año, un estudio ordinario, esto para que cada año se someta al control ciudadano los resultados financieros y económicos de la operación del servicio.
Al igual que Jasec, la empresa de servicios públicos de Heredia solicita incluir como parte del ajuste el monto por Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los años 2020 y 2021 (¢644,61 y ¢674,13 millones, respectivamente), sin que a la fecha se cuente con una metodología aprobada por la Aresep para tales efectos.
Otro de los temas que se cuestionan son los costos de operación reportados. En general, los costos totales se incrementan en un 4,5% en el año 2019, luego para el año 2020 se mantienen con poca variación, para volver a incrementarse en 8,1% el año 2021.
No obstante, al interior de las partidas de costo, la Defensoría observa un comportamiento irregular donde algunas partidas se incrementan por encima del 20% para el año 2020.
Finalmente, la Defensoría solicitó al ente Regulador que el análisis de la petición de la ESPH se realice considerando lo indicado por el Regulador de los Servicios Públicos en cuanto al nuevo enfoque regulatorio de la Aresep que se basa en la promoción del bienestar de la persona usuaria, que obliga a considerar en los modelos tarifarios el logro del equilibrio entre las necesidades de los usuarios y los intereses de los prestadores de los servicios, así como la incorporación de los criterios de equidad social, sostenibilidad ambiental, conservación de la energía y eficiencia económica, entre otros aspectos.
