San José, 27 abr (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes reclamó que “el acceso al agua potable es un Derecho Humano; y el AyA, de conformidad con nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, es la institución responsable de garantizar ese derecho”.
Para Catalina Crespo, defensora de los Habitantes, “ese mandato debe acatarse a través de una gestión eficiente del recurso hídrico que haga posible que la facturación al “usuario final” sea dada a un costo social accesible para la gente, en especial para los sectores vulnerables de nuestro país y que más han sufrido con el Covid-19”.
Ante esto, desde la institución recordaron que “en diciembre 2020, elevó ante el Presidente de la República su reclamo en relación a los problemas generados por facturas exorbitantes que limitan el acceso al derecho al agua potable a cientos de familias en Costa Rica. En aquella oportunidad el ente Defensor indicó que las denuncias por alta facturación en el servicio de agua se incrementaron de forma sostenida en ese 2020 y la situación no había cesado a comienzos de éste 2021, agravando con ello el impacto negativo de la pandemia a miles de usuarios”.
De igual forma señalaron que “según estadísticas de la Defensoría, durante el año 2020 se registraron un total de 1652 solicitudes de intervención relacionadas con la prestación del servicio por parte del AyA. De este total, más de la mitad se debieron a problemas en el cobro del servicio de agua potable: 863 denuncias, lo cual incidió para que la Defensoría alzara su voz institucional en resguardo del Derecho Humano del acceso al agua potable de cientos y cientos de habitantes que han y habían visto lesionado su derecho de acceso al agua potable”.
Asimismo, aseguraron que “en atención a las gestiones promovidas desde la Defensoría de los Habitantes, el Gobierno de la República procedió a realizar una serie de cambios en los niveles jerárquicos del AyA; pero, sobre todo, procedió a adoptar una medida temporal que fue incorporada al Reglamento de Prestación del Servicio y según la cual, los problemas de facturación de las personas usuarias serán resueltos a futuro, durante los próximos 24 meses, así como los verificados entre el 20 de marzo de 2020 y el 14 de abril de éste año 2021”.
No obstante, señalaron que “esta medida de naturaleza temporal permitirá que los usuarios con Tarifa Residencial que experimenten o hayan experimentado un aumento desproporcionado de un 25% con respecto a su consumo histórico, podrán reclamar la aplicación en su favor de un ajuste automático. De igual manera, los usuarios que tengan Tarifa Comercial en sus medidores de consumo, podrán aplicar esta medida favorable cuando su factura haya presentado un incremento superior al 100% de su consumo histórico”.
Crespo, advirtió que “la Defensoría se mantendrá vigilante de la aplicación de éstas nuevas medidas asumidas por el nuevo cuadro gerencial que asumió el AyA; y, pidió a la gente continuar denunciando ante la Defensoría cualquier problema relacionado con la prestación y facturación del servicio de agua potable, a efectos de seguir ejerciendo labores de defensa, fiscalización y protección en favor de las personas usuarias”.
Además, recordó que una de las tareas pendientes del AyA es “su lucha contra el desperdicio originado por el mal estado de la red nacional de agua potable, y reitero su llamada de atención para que el AyA proceda de manera ágil y expedita con la atención de cientos de fugas que terminan por encarecer el precio institucional del agua que pagan las y los contribuyentes a través de sus impuestos”.
“La Defensoría seguirá pidiendo cuentas hasta que este problema sea atendido y solucionado como se debe”, concluyó Crespo.
