San José, 4 ago (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes solicitó a las instituciones del Estado agilizar las respuestas a la situación de las familias desalojadas de dos fincas en la Zona Sur del país.
Según el ente defensor a la luz de las obligaciones del Estado Costarricense, en tanto parte del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), los desalojos deben darse de manera excepcional, y cuando se consideren justificados, y según estándares internacionales de derechos humanos.
La Defensoría de los Habitantes recuerda a las autoridades del Estado que el Comité DESC de las Naciones Unidas, señala que “los desalojos no deberían dar lugar a que haya personas que se queden sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos. Cuando los afectados por el desalojo no dispongan de recursos, el Estado Parte deberá adoptar todas las medidas necesarias, en la mayor medida que permitan sus recursos, para que se proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas, según proceda.”
La Defensoría indica además que a las personas desalojadas se les debe asegurar su seguridad física, en especial a las mujeres, niñas y niños, y personas adultas mayores, así como acceso a servicios básicos fundamentales, como una alimentación básica, agua, entre otros.
Un desalojo no debe exponer a las personas a otras violaciones de derechos humanos. Todo desalojo debe cumplir con las siguientes garantías: “a) una auténtica oportunidad de consultar a las personas afectadas; b) un plazo suficiente y razonable de notificación a todas las personas afectadas con antelación a la fecha prevista para el desalojo; c) facilitar a todos los interesados, en un plazo razonable, información relativa a los desalojos previstos y, en su caso, a los fines a que se destinan las tierras o las viviendas; d) la presencia de funcionarios del gobierno o sus representantes en el desalojo, especialmente cuando éste afecte a grupos de personas; e) identificación exacta de todas las personas que efectúen el desalojo; f) no efectuar desalojos cuando haga muy mal tiempo o de noche, salvo que las personas afectadas den su consentimiento; g) ofrecer recursos jurídicos; y h) ofrecer asistencia jurídica siempre que sea posible a las personas que necesiten pedir reparación a los tribunales”.
A la luz de estos compromisos, la Defensoría recuerda al Estado su obligación de velar, en todo desalojo, por los derechos de los grupos en una situación de mayor vulnerabilidad, en especial mujeres, niños y niñas, personas adultas mayores, y personas con discapacidad.
Por su parte el personal de la Defensoría en la zona comprobó que aún niños y niñas duermen a la intemperie, en las orillas de la carretera, sin acceso a servicios sanitarios y recibiendo alimentación de las donaciones de personas vecinas.
“Estas personas siguen instaladas en la mitad del puente o en la vía pública, pero se mantiene habilitado un carril para el tránsito de vehículos. Las familias desalojadas reciben asistencia alimentaria por parte del resto de la comunidad que se ha organizado para ayudarles, y utilizan agua potable que les es suministrada por el AyA a través de tanques, pero carecen de tomas públicas de agua”, indica el comunicado.
Las personas afectadas comunicaron a la Defensoría que el INDER y la Universidad Nacional trabajan en un proyecto productivo para dotar a las familias de una opción de empleo. Por su parte, el IMAS ofreció ayudar con un soporte económico para el pago de alquileres de viviendas, entre otras alternativas. El domingo levantó un listado mediante la aplicación de fichas de información social para determinar a las familias beneficiarias.
Los habitantes piden al Gobierno que les permitan regresar a las fincas. Para ellos, cualquier solución adicional no es aceptable ni sostenible en el largo plazo. Además, las personas afectadas se quejan de que nunca recibieron información sobre el proceso administrativo y judicial, previo al desalojo. Los habitantes indicaron que las personas desalojadas corresponden a 83 familias de Finca Chánguena y 30 familias de Finca Tres.
La Defensoría de los Habitantes considera que el desalojo no se ha dado en consonancia con las obligaciones de Derechos Humanos del Estado Costarricense, y por lo tanto llama a los autoridades a que, de manera urgente, se respeten, protejan y garanticen los derechos de todas y todos los afectados por esta situación.
