San José, 16 jun (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes manifestó su preocupación por las condiciones socioeconómicas que enfrentan las personas productoras de frijol en Costa Rica y advirtió que el debilitamiento progresivo de este subsector representa una amenaza para el derecho humano a la alimentación, el trabajo digno y el desarrollo de las comunidades rurales.
Los resultados de una investigación realizada por la institución en las regiones Chorotega y Brunca evidencian que la producción nacional de frijol se sostiene principalmente gracias al esfuerzo de pequeños productores que enfrentan importantes condiciones de vulnerabilidad.
Según el estudio, más del 70% de las personas productoras reportan ingresos mensuales inferiores a ₡250.000, mientras que un 40,9% percibe menos de ₡100.000 al mes, montos insuficientes para garantizar condiciones de vida adecuadas para sus familias.
La situación resulta aún más preocupante debido a la falta de rentabilidad de la actividad. En la Región Chorotega, el costo de producción alcanza los ₡42.571 por quintal, mientras que el productor recibe en promedio ₡34.000.
En la Región Brunca, el costo asciende a ₡46.510 por quintal y el precio recibido es de apenas ₡40.000, lo que significa que las personas productoras operan con pérdidas y ven limitada su capacidad para reinvertir y mantenerse en la actividad.
La investigación también evidencia un progresivo envejecimiento de la población productora. La edad promedio de quienes cultivan frijol supera los 50 años y se identificaron productores de hasta 93 años, reflejando la ausencia de relevo generacional y el riesgo de abandono de una actividad estratégica para la seguridad alimentaria nacional.
A esta realidad se suma la creciente dependencia de las importaciones. Actualmente, cerca del 97% del frijol importado por Costa Rica proviene de únicamente tres países: Estados Unidos (64%), Nicaragua (30%) y Brasil (3%). Esta concentración aumenta la vulnerabilidad del país frente a variaciones internacionales de precios, eventos climáticos o restricciones comerciales, comprometiendo la estabilidad del abastecimiento de un alimento básico en la dieta costarricense.
Asimismo, los hallazgos revelan importantes barreras para el acceso al crédito, la asistencia técnica y otros servicios de apoyo productivo. Muchas personas productoras desconocen los programas de financiamiento existentes o no cumplen con los requisitos para acceder a ellos, situación que profundiza las desigualdades territoriales y limita las oportunidades de desarrollo económico en las zonas rurales.
La Defensoría destacó que, desde una perspectiva de derechos humanos, la producción nacional de frijol no puede analizarse únicamente como una actividad económica. Su fortalecimiento constituye un elemento esencial para garantizar el derecho a la alimentación, reducir la pobreza rural, generar empleo digno y promover un desarrollo territorial más equitativo e inclusivo.
Por ello, hizo un llamado a las instituciones públicas para fortalecer las políticas de apoyo al subsector frijolero mediante mecanismos de financiamiento adaptados a la pequeña producción, asistencia técnica permanente, incentivos para la innovación y acciones orientadas a mejorar la comercialización y la rentabilidad de las familias productoras.
“Garantizar la sostenibilidad de la producción nacional de frijol es una responsabilidad estratégica para el país y una condición indispensable para proteger los derechos humanos de miles de familias rurales y la seguridad alimentaria de toda la población costarricense”, afirmó la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert.
