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Defensoría: País debe volver mirada ante participación de menores de edad y jóvenes en actividades criminales

San José, 31 mar (elmundo.cr) – La defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, convocó esta semana a varias autoridades de seguridad para abordar la situación actual de la participación de personas menores de edad y jóvenes en actividades de criminalidad.

Para la Defensoría es necesario un abordaje integral de la seguridad ciudadana, de ahí que sea importante articular y dar seguimiento a las acciones del Estado en materia de prevención, inversión social y recursos destinados al sector.

En esta primera sesión de trabajo estuvieron presentes el fiscal general de la República, Carlo Díaz, el fiscal adjunto, Mauricio Boraschi, el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, y el director a.i del Organismo de Investigación Judicial, Randall Zúñiga.

Aunque el fenómeno de la inseguridad afecta a nivel nacional, la Defensoría de los Habitantes solicitó información a las autoridades estatales sobre la complejidad de la criminalidad en los cantones de Puntarenas, Limón y Santa Cruz, donde a lo largo de los últimos años se han registrado hechos de violencia que preocupan a todos los y las habitantes.

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Para la Defensoría es importante dar seguimiento a lo que indica el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2023-2026 en el objetivo 2.1 sobre la implementación del programa de fortalecimiento de la seguridad ciudadana y prevención de violencia con el fin de reducir los comportamientos delictivos de adolescentes y jóvenes vulnerables a la violencia, en distritos con desventajas concentradas.

También consideran importante el rol que deben realizar los gobiernos locales de cada uno de los cantones en esta materia, la participación activa de la sociedad civil, la empresa privada, el comercio, las instituciones públicas y el Estado en general, en aras que todos contribuyan en la definición de acciones que permitan trabajar en favor de la seguridad humana.

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Una de las preocupaciones que mantiene la Defensoría y que tiene que ser objeto de análisis es la inversión social estatal que se ha dedicado o no en cada uno de los cantones como un motor para garantizar los derechos de los y las habitantes; los niveles de inversión en materia de seguridad ciudadana y, las acciones emprendidas a nivel de educación y empleo que se requieren en cada una de las zonas.

“Cuando el Estado deja de invertir en las comunidades corremos el riesgo que esos espacios sean llenados por los grupos criminales, afectando no solo el entorno sino también involucrando a las personas menores de edad y jóvenes en actividades propias de estas organizaciones”, señaló Cruickshank.

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Citó por ejemplo un estudio realizado por el OIJ en el 2021 sobre un análisis sociodemográfico y criminológico de Puntarenas, donde un 40% de las personas víctimas de un delito son jóvenes entre los 18 y 39 años. Y cuando se habla de homicidios la cifra viene en constante crecimiento en el país, lo que se requiere un compromiso de todo el Estado para atender este flagelo. Solo en el cantón central de Puntarenas casi un 70% las víctimas son personas menores de 39 años.

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