San José, 27 set (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes considera urgente una intervención mayor de autoridades del Ministerio de Ambiente (Minae) y de Salud ante actividad minera ilegal en la zona de Crucitas, por los impactos ambientales, sociales, y en la salud.
La Defensoría tiene conocimiento de la intervención de la Fiscalía y el Ministerio de Seguridad en la zona, sin embargo, cree oportuno que Salud y ambiente apoyen estas acciones en mayor medida.
Debe recordarse que desde noviembre del 2011, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia confirmó la anulación de la concesión para extraer oro de la mina Crucitas, ubicada en Cutris de San Carlos.
La Defensoría solicitó al Ministerio de Salud informar, en un plazo no mayor a 5 días hábiles, la delimitación de la zona de posible impacto en coordinación con el gobierno local correspondiente; el protocolo para detección de posibles casos de afectación de salud por contacto con mercurio; definición de acciones sancionadoras por implementar una actividad económica en forma ilegal y el establecer una coordinación con la cartera de Ambiente para un abordaje integral de la problemática.
Al Minae adicionalmente se le solicitaron las evaluaciones de impacto que se realizan en el lugar para determinar posibles contaminaciones en suelo y tierra y posibles situaciones de contaminación por mercurio en fuentes de agua y zonas montañosas.
La Defensoría ha sido enfática en señalar como la actividad minera, en general, tiene implicaciones serias en el medio ambiente, tales como contaminación en el aire, agua y suelo, así como problemas en el ámbito social. Y tratándose del proyecto Crucitas, desde el 2008, se subrayó como atentaba contra el derecho a un ambiente sano, equilibrado y sostenible, así como contravenía tratados internacionales suscritos por Costa Rica.
