San José, 13 ago (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes tuvo que volver a intervenir para que se respeten los derechos de las personas adultas mayores que utilizan el servicio de transporte público en un informe reciente remitido ante el Consejo de Transporte Público (CTP) al tramitar una denuncia de adultos mayores contra la empresa de buses Metrocoop R.L, concesionaria de las rutas de autobús de los sectores de Hatillo y Alajuelita.
La Defensoría registra quejas relacionadas con el mal trato hacia las personas adultas mayores por parte de choferes de dicha empresa de transporte, entre ellas: retención de la cédula de identidad, no garantizar el uso de los asientos preferenciales; y no hacer la parada cuando es una persona adulta mayor quien requiere el servicio.
El ente defensor pudo constatar que el abordaje de las denuncias por parte del Consejo de Trasporte Público (CTP), como ente rector en la materia, se ha reducido a un mero trámite de quejas que finaliza sin la mayor diligencia, carente de una argumentación probatoria que aborde integralmente los hechos de maltrato denunciados y el alegato de la empresa acusada.
De ahí que la institución pidió al CTP que requiera de las empresas, en este caso Metrocoop R.L, las medidas que posibiliten reparar el derecho lesionado y la afectación de las personas adultas mayores denunciantes, así como evitar la repetición de las prácticas.
La Defensora de los Habitantes Montserrat Solano Carboni manifestó que “el disfrute de una tarifa diferenciada para la población adulta mayor no es posible, desde la arbitrariedad y la inercia institucional, ni desde el mal trato, la discriminación y la exclusión de la población adulta mayor por parte de las instituciones públicas y de algunos sectores de la sociedad”.
La jerarca agregó que el procedimiento de atención por parte del CTP debe ser fortalecido, mediante un sistema de registro de denuncias, considerando la reiteración de éstas para su verificación, conforme con lo establecido en los contratos de concesión, dirigido a la imposición del régimen sancionatorio respectivo. Este registro podrá ser utilizado también para efectos de la evaluación y calificación para la vigencia o renovación de los contratos de concesión.
Según la Defensoría para que el abordaje de estos casos se debe contemplar la iniciativa de articular un mecanismo de auditoría ciudadana, que cuente con el respaldo de alguna organización no gubernamental de personas adultas mayores, para fiscalizar la prestación del servicio de autobús, la aplicación de la exoneración tarifaria, así como el respeto de los derechos de esta población.
Para finalizar, la Defensoría le pide al Consejo de Transporte Público acelerar las acciones tendientes a elaborar un nuevo manual de atención de denuncias de las personas adultas mayores conforme con el procedimiento administrativo y la legislación aplicable a nivel específico y general que integre la perspectiva de vejez y trato preferencial.
Para la Defensoría de los Habitantes el cumplimiento de los derechos humanos trasciende la responsabilidad disciplinaria y patronal; es por ello que se debe avanzar en la eliminación de todas aquellas prácticas arbitrarias que configuran un patrón persistente que perpetua la violencia en contra de las personas adultas mayores.
Sobre esto último, resulta fundamental que las empresas instauren un programa permanente y eficaz de sensibilización y capacitación dirigido a los conductores u operadores del servicio y personal administrativo y financiero.
La Defensoría hace un llamado también al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) para que, en el marco de la Política Nacional de Vejez y Envejecimiento, se determinen las acciones correspondientes orientadas a fiscalizar el cumplimiento del derecho de exoneración tarifaria establecido a favor de las personas adultas mayores en el uso del transporte público.
