Defensoría: Infraestructura educativa tiene un serio problema de deterioro

San José, 25 ene (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes afirmó que la infraestructura educativa presenta un serio problema del modelo de gestión administrativa y presupuestaria que se viene arrastrando desde hace muchos años, según su último informe de labores 2016-2017.

La Defensoría señaló en dicho informe, que: “…el Estado costarricense debe ofrecer un ambiente pedagógicamente propicio y las condiciones mínimas in-fraestructurales para el adecuado desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, incluida, en forma básica, el elemento de la seguridad en sus cen-tros educativos”.

“La problemática que históricamente se ha observado en materia de infraes-tructura educativa radica en la existencia de edificaciones antiguas o de mala construcción, las cuales presentan deterioro tanto por falta de mantenimiento como por desastres naturales de toda índole e incumplimiento de condiciones de accesibilidad plena de conformidad con la Ley 7600, Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad”, agregan.

Según el ente defensor “es una realidad que algunos estudiantes, aún, reciben lecciones en ranchos, salones comunales, iglesias y hasta en viviendas presta-das o alquiladas como también en aulas o edificaciones con serias limitaciones y riesgos. Esta situación expone a las y los estudiantes a contaminación am-biental, visual y sónica, sin dejar de lado la distracción por falta de divisiones y el calor por ausencia de cielorrasos o problemas de ventilación e iluminación, aunado a lo anterior a un constate peligro debido a las malas instalaciones eléctricas, mala captación de aguas servidas o falta de agua potable así como la carencia de espacios de convivencia adecuados”.

Esta información deriva del análisis de varias denuncias particularmente rela-cionadas con escuelas y colegios afectados por el Terremoto de Sámara, en los cuales la Defensoría de los Habitantes emitió recomendaciones a la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo del MEP.

Algunas de las recomendaciones que se emitieron le solicitaban al MEP adoptar acciones urgentes para atender las necesidades de dichos centros educativos (expedientes N° 166114-2014 de la Escuela del Pochote en Paquera, 189911-2015 del Liceo de Sámara y 226032-2016 de la Escuela Las Brisas del Golfo, en Costa de Pájaros).

En el caso particular de la Escuela de Pochote la Defensoría señaló que: “El pla-zo transcurrido – y el que resta por esperar- resulta excesivo e irrazonable, vio-lentando el derecho a la educación de los estudiantes que reciben formación en dicha escuela. Debe tenerse en cuenta tal como se ha venido indicando que el Derecho a la Educación, no puede, estar sujeto a restricciones, limitaciones o condicionamientos de índole presupuestario ni administrativo.”

Por otro lado, la Defensoría de los Habitantes inició una investigación de oficio sobre el Fideicomiso BID – Banco Nacional – MEP suscrito en el año 2013. Con-cretamente, la investigación se circunscribió a conocer el estado de situación de las obras comprendidas en el Fideicomiso.

La Defensoría de los Habitantes ha venido señalando que la existencia de trámi-tes administrativos complejos entre instituciones, generan retrasos en la con-secución de los permisos de construcción, remodelación y obra nueva, como ocurre en los casos de SETENA, Ministerio de Salud, entre otros. Situaciones básicas como la consecución de información de los proyectos y el manejo acce-sible y transparente de los datos de éstos, aún no es una realidad. Si bien se reconoce que la actual Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo MEP está trabajando en una base de datos de todos los proyectos de infraes-tructura y se han hecho esfuerzos importantes, se enfrentan con problemas de recaudación y confiabilidad de la información, así como la dispersión de los da-tos.

Asociado a esta situación se encuentra el manejo de fondos públicos asignados, administrados y ejecutados y subjecutados por las Juntas de Educación y Admi-nistrativas, cuyo mecanismo de gestión suele ser lento y complejo y que impli-ca, además, mucha responsabilidad en relación con un trabajo netamente vo-luntario por parte de sus miembros, los cuales, en muchas ocasiones, no tienen un adecuado acompañamiento por parte de la institucionalidad.

Finalmente, y más grave aún es que existen escuelas y colegios que, por impe-dimento legal, no se les puede hacer ninguna intervención de infraestructura. Esto ocurre por ejemplo en aquellas instituciones educativas que pertenecían a la Junta de Educación de San José, que tenía a su haber 20 instituciones y que, mediante Decreto Ejecutivo Nº 38249-MEP, Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas, estas propiedades debían de pasar al Mi-nisterio de Educación Pública desde mayo del 2015.

De los 20 inmuebles, nueve corresponden a instituciones escuelas y colegios activos y que actualmente se encuentran en proceso de embargo por parte de la Municipalidad de San José. Son instituciones que tienen una naturaleza y ré-gimen jurídico diverso y distinto de los bienes privados, por ser bienes demania-les, los cuales son imprescriptibles, inalienables e inembargables, y que al no estar registrados a nombre del MEP, cualquier proyecto de infraestructura se ve paralizado con el correlativo riesgo y compromiso a la seguridad de niños, niñas y adolescentes que asisten a ellos.

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