San José, 31 ene (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes manifestó conformidad con la medida cautelar emitida mediante Resolución RE-0004-IA-2024 del 30 de Enero del 2024 por parte de la Intendencia de Agua de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep), en la cual ordena al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) la suspensión del cobro a los abonados afectados por la contaminación del agua con hidrocarburo en los cantones de Goicoechea, Montes de Oca, Moravia, Guadalupe, Tibás y San José.
Sobre este particular, la Defensoría presentó una gestión en ese sentido desde el pasado viernes 26 de enero del 2024.
A la Defensoría le preocupa la persistencia de errores y falencias en el abordaje de la emergencia por parte de las instituciones involucradas.
De las inspecciones realizadas por funcionarios y funcionarias de la Defensoría, se ha identificado que diversas comunidades carecen de información completa y certera sobre los horarios establecidos para la distribución del agua.
De igual manera, diversos habitantes están teniendo brechas de acceso en razón de la no disponibilidad de transporte para trasladarse desde zonas no cubiertas por las rutas, de la no disponibilidad de envases para acopio del líquido y de la no disponibilidad de redes de apoyo familiares y/o comunitarias para tener acceso.
Debido a esta situación, y a la suma de los cantones de Desamparados, San José, La Unión y Vásquez de Coronado a las suspensiones de agua hasta el 04 de febrero para distribuir el líquido y apoyar la emergencia que existe, la Defensoría habilitó una línea telefónica donde las personas podrán reportar anomalías, el número es 4000-8500.
Para la defensora Angie Cruickshank, las instituciones involucradas deben asegurar a la población que se tomarán las medidas y se sentarán las responsabilidades que correspondan, para que no se vuelva a poner en riesgo la salud de la población y la paz social del país.
“El Gobierno continúa generando incertidumbre y caos en la población. Hacemos un llamado urgente al AyA para que cumpla con los horarios establecidos y anunciados recientemente sobre el racionamiento de agua, y que explique a la población, con claridad y sencillez, cuando tenga dificultad de cumplir con dichos horarios”, dijo la defensora.
De acuerdo con Cruickshank, esta situación está impactando a miles de hogares, comercios, centros de salud, hogares de ancianos, poblaciones vulnerables e incluso podría estar afectando la operación de los centros educativos donde se ofrece el servicio de comedor estudiantil.
La Defensoría solicitó a la Dirección Regional San José Norte y San José Central del Ministerio de Educación Pública (MEP), brindar un informe que indique si se ha visto afectada la población estudiantil que se beneficia con los comedores escolares; si hay reportes de estudiantes o funcionarios que presentaran problemas de salud debido al agua contaminada, indicar cómo se está preparando las comidas y cómo realizan el lavando las manos, y si se ha revisado la calidad del agua que pueda estar almacenada en tanques, esto a pocas semanas del inicio del curso lectivo.
Ante los primeros reportes de los y las habitantes, las autoridades superiores de las instituciones involucradas minimizaron, de forma notoria, la gravedad de la emergencia. En ese sentido, considera la Defensoría, que las respuestas de las instituciones responsables de la provisión y verificación de calidad del servicio de agua para consumo humano no fueron oportunas para la atención de las necesidades inmediatas de las poblaciones afectadas.
