San José, 21 jul (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes se pronuncia, luego de la finalización infructuosa del proceso de acuerdo amistoso y su suspensión por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de los casos de Ana y Aurora.
Los casos se tratan de dos mujeres con embarazos de productos con malformaciones incompatibles con la vida extrauterina, a quienes se les negó la interrupción del embarazo en el marco del artículo 121 del Código Penal, a pesar de que se encontraba en riesgo su salud integral.
Ambos casos fueron conocidos por la Sala Constitucional por lo que puede afirmarse que las víctimas agotaron los recursos internos y ante la ausencia de una garantía estatal a sus derechos a la salud y a la vida, acudieron al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
A partir de las peticiones en los casos de Ana y Aurora que fueron presentadas hace 10 y 5 años respectivamente ante la CIDH, se negoció la creación de la norma para la aplicación del aborto terapéutico, y se conformó una comisión interinstitucional liderada por el Ministerio de Salud.
Sin embargo, el pasado 21 de Junio, las partes finalizaron el proceso al fallar la solución amistosa de ambos casos.
Un comunicado extendido por la Defensoría menciona que “sólo esta regulación permitirá garantizar a las mujeres que lo requieran, estándares necesarios para recibir atención médica oportuna y de calidad, incluyendo la información requerida para expresar su consentimiento, y otorgará seguridad al personal médico y de enfermería, así como la información necesaria para que le intervención se realice en forma segura y eficiente”.
“Hoy, a pesar del tiempo transcurrido subsisten las mismas circunstancias que generaron a las víctimas la necesidad de acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por lo que el Estado continúa en deuda con los derechos de las mujeres”, agrega el comunicado.
La Defensoría insta a la Administración Alvarado Quesada, a tomar las medidas necesarias para la aprobación de la Norma Técnica para la regulación de la interrupción terapéutica del embarazo, y de este modo garantizar su implementación en todos los servicios de salud públicos y privados.
