San José, 21 may (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes evidenció debilidades en el proceso de investigación de denuncias por maltrato en centros educativos, según la Ley N° 9999 para prevenir la revictimización de estudiantes.
La Defensoría solicitó al Ministerio de Educación Pública (MEP) y al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) subsanar estas deficiencias para garantizar la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Recomendaciones al MEP
– Realizar un estudio de cargas de trabajo para determinar la necesidad de más asesores.
– Solicitar plazas presupuestarias para atender las demandas de la Ley N° 9999.
– Gestionar el traslado de plazas para tramitar expedientes pendientes del 2023.
– Establecer espacios adecuados para proteger la integridad emocional de los estudiantes.
– Realizar inspecciones a las Direcciones Regionales para garantizar las condiciones adecuadas para las audiencias.
– Capacitar al personal sobre la Ley N° 9999.
– Elaborar y remitir el Reglamento a la Ley N° 9999 en un plazo de 6 meses.
Recomendaciones al PANI
– Emitir una circular informando sobre la Ley N° 9999 y la obligación de acompañar a las víctimas menores de edad.
– Garantizar la presencia de profesionales en todas las audiencias.
Por su parte el Patronato Nacional de la Infancia indicó a EL MUNDO que “la recomendación de la Defensoría a la Presidencia Ejecutiva del PANI se cumplió con la Circular PANI-PE-CIR-004-2024, del 14 de marzo del 2024”.
La Defensoría enfatizó que, en las relaciones docente-estudiante subyace una relación de poder, y cuando se abusa de ese poder, los estudiantes quedan en una posición vulnerable.
En los dos años de vigencia de la Ley N° 9999, las denuncias procesadas por el MEP han aumentado: 20 en 2021, 356 en 2022 y 265 hasta noviembre de 2023. La mayoría de estas denuncias han sido sancionadas con suspensión, despido o cese.
