San José, 27 may (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes es consciente de la necesidad de una mayor frugalidad presupuestaria ante la coyuntura fiscal actual pero dicha austeridad no se puede lograr sacrificando el cumplimiento efectivo de los derechos humanos más básicos de las y los habitantes, en particular de aquellos que se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad.
Para el ente Defensor el costo de la reducción del déficit fiscal no puede hacerse pagar en mayor medida, ni de manera desproporcionada, a los desfavorecidos, y en contravención de la obligación del Estado de asegurarles una mejora progresiva de sus estándares de vida.
Así lo advirtió la defensora de los Habitantes, Montserrat Solano Carboni, en una misiva enviada al ministro de Hacienda, Helio Fallas. Esto, en momentos en que se inicia la elaboración del Presupuesto Nacional para el año 2016.
La Defensoría busca recordarle a las autoridades cuáles son las obligaciones que el Estado ha asumido en materia de Derechos Humanos y cuyo cumplimiento debe ser considerado al momento de definir las prioridades en materia presupuestaria.
Para la Defensoría de los Habitantes, las decisiones estatales deben estar encaminadas a garantizar la progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales de las y los habitantes de forma eficiente, para lo cual es esencial que considere el cumplimiento de estas obligaciones al momento de definir la forma en que se distribuye el ingreso público.
Incluso, aun cuando se establece la progresividad en el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, existe una obligación de asegurar la satisfacción de niveles esenciales de cada uno de esos derechos como son el acceso a abrigo, vivienda, alimentos y servicios de salud básicos.
Al respecto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales subraya el hecho de que aún en tiempos de limitaciones graves de recursos, causadas sea por el proceso de ajuste, de recesión económica o por otros factores, se puede y se debe proteger a los miembros vulnerables de la sociedad mediante la adopción de programas de relativo bajo costo.
