San José, 24 jul (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes confirmó que Costa Rica no estaba preparada para ofrecer una atención adecuada a las personas deportadas que ingresaron al país desde febrero de 2025.
Así lo indica el informe con recomendaciones emitido a las autoridades competentes, donde se señala que durante seis meses se han registrado debilidades en el proceso de observación activa de la Defensoría, las cuales se han ido atendiendo progresivamente.
Angie Cruickshank Lambert, defensora de los Habitantes, afirmó que, aunque se reconocen los acuerdos migratorios entre países, “en la práctica, deben existir todas las condiciones de protección y de atención requeridas para que su abordaje cumpla desde el inicio con todos los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos”.
La Defensoría también señaló que las 200 personas deportadas no podían ser tratadas “como un paquete” y que se deben considerar sus diferentes nacionalidades y las realidades que enfrentan en sus países de origen. Además, se mencionó que no se garantizó el acceso a la educación para los menores de edad en edad escolar.
La Defensoría recomendó a las autoridades revisar las resoluciones que autorizaron la regularización migratoria temporal por razones humanitarias, con el fin de establecer un mismo plazo de permanencia, autorizar el trabajo para todos los deportados, eliminar costos administrativos y flexibilizar el proceso de regularización migratoria.
Finalmente, la Defensoría enfatizó que cualquier colaboración migratoria debe garantizar el respeto de los Derechos Humanos de las personas involucradas.
