San José, 25 nov (elmundo.cr) – En el marco de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica ha emitido un comunicado en el que reitera su preocupación por la persistencia de la violencia de género en el país.
La Defensoría afirma que “la violencia contra las mujeres y las niñas, no es un hecho aislado ni un problema privado: es una violación de derechos humanos sostenida por desigualdades estructurales, normas sociales patriarcales y fallas persistentes en la respuesta del Estado”.
El comunicado destaca que la violencia de género se manifiesta en múltiples ámbitos y tiene raíces profundas en la discriminación histórica, el machismo y la falta de corresponsabilidad social y estatal. La Defensoría observa con preocupación que las políticas públicas no están abordando las causas estructurales de la violencia, lo que agrava la situación.
La Defensoría señala que la crisis de licencias de cuido, que afectó a cientos de familias, golpea desproporcionadamente a las mujeres, quienes mayoritariamente asumen el cuidado de personas dependientes. Además, el informe Estado de la Nación 2025 confirma que el mercado laboral costarricense sigue penalizando la maternidad, limitando la autonomía económica de las mujeres y aumentando su exposición a la violencia.
La Defensoría también denuncia que el crimen organizado se aprovecha de las desigualdades que afectan a las mujeres, especialmente a las más pobres, y que el hostigamiento sexual sigue siendo una práctica extendida. Asimismo, se subraya la gravedad de la violencia obstétrica, que afecta especialmente a mujeres indígenas.
El comunicado enfatiza que Costa Rica no está logrando garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Con 33 femicidios registrados en lo que va de 2025, el país enfrenta uno de los años más letales para las mujeres en más de una década. La Defensoría destaca que detrás de cada femicidio hay fallas acumuladas y que el femicidio es la expresión más brutal de un continuo de violencias.
Ante esta situación, la Defensoría recuerda al Estado costarricense su obligación de actuar con debida diligencia, prevención y protección efectiva. Esto implica fortalecer la respuesta interinstitucional, garantizar presupuestos suficientes, asegurar un sistema nacional de cuidados sostenible, eliminar barreras laborales, enfrentar el crimen organizado con enfoque de género, reforzar la prevención del hostigamiento sexual y erradicar la violencia obstétrica.
La Defensoría reitera que una sociedad justa no puede tolerar que ser mujer signifique vivir con miedo o bajo amenaza constante y que garantizar una vida libre de violencia es un deber ineludible del Estado y una responsabilidad colectiva. La Defensoría continuará vigilante, acompañando a las víctimas y exigiendo respuestas efectivas.
