San José, 30 jul (elmundo.cr) – En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, la Defensoría de los Habitantes hace un llamado al país a redoblar esfuerzos para la prevención, investigación, y sanción del delito; así como a garantizar el acceso de las víctimas a recursos efectivos, incluyendo su rehabilitación y promover la recolección de datos estadísticos que permitan fortalecer los esfuerzos contra la trata de personas.
Si bien la Defensoría reconoce los esfuerzos realizados por el Estado; con acciones como la promulgación de la Ley contra la Trata de Personas y la Creación de la Coalición Nacional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, Ley N° 9095, vigente desde el 2013, así como la creación de equipos de coordinación para la atención de las víctimas como el Equipo de Respuesta Inmediata y del Fondo Nacional contra la trata de personas (Fonatt).
Para la Defensoría es necesario que Costa Rica avance en la respuesta integral a la estructura actual de este crimen, que afecta en su mayoría a mujeres y niñas.
En razón de lo anterior, la Defensoría emitió en el mes de marzo un criterio sobre el proyecto de Ley que busca reformar los artículos 172 y 189 Bis del Código Penal (que sancionan la trata de personas), y los artículos 5 y 6 de la Ley N° 9095. Según este proyecto de Ley, la investigación y procesamiento de los casos detectados; así como las nuevas formas de criminalidad de la trata han demostrado la necesidad de adecuar la legislación nacional.
Si bien la Defensoría comparte la importancia de esta iniciativa, considera necesario realizar algunas modificaciones al texto de la propuesta relacionadas, entre otras, con los elementos constitutivos del delito de trata de personas; la protección especial a mujeres y personas menores de edad, así como lo referente a las actividades conexas al delito como las conductas ilícitas que suelen acompañarlo, lo cual permitirá hacer más conciencia sobre el alcance del delito de trata y las distintas actividades que coadyuvan a su cometido.
Aunado a lo anterior, el ente defensor recomendó los diputados elevar la consulta de la propuesta de Ley al Ministerio Público y a la Judicatura Penal, cuya especialidad en la materia permitirá contar con un criterio jurídico-penal, desde el punto de vista directo de las y los operadores que estarán a cargo de su instrumentalización e implementación en el ámbito judicial.
Para la Defensoría resulta importante que se considere que, en la actualidad, Costa Rica es un país de origen, tránsito y destino para mujeres, niños y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual y de servidumbre. Según datos proporcionados por la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (Conatt), en el año 2016 se acreditaron 20 víctimas de trata, 18 mujeres y 2 hombres.
La Defensoría considera que si el país ha ratificado instrumentos internacionales debe tomar todas las provisiones y medidas para su efectiva implementación, como el acatamiento de las recomendadas giradas por el Comité de Derechos Humanos de la ONU ( el año anterior) para el combate a la trata de personas.
Por su parte la Defensora de los Habitantes, Montserrat Solano Carboni manifestó que “para la Defensoría es necesario que el Estado costarricense siga ofreciendo una respuesta integral a este crimen, que provea seguridad a las víctimas y acceso a una justicia pronta y cumplida, para que puedan recuperar el control de sus vidas”.
