San José, 20 feb (elmundo.cr) – En el Día Mundial de la Justicia Social, la Defensoría de los Habitantes insiste en que Costa Rica enfrenta importantes retos para lograr que todos sus habitantes, sin exclusión de ninguna naturaleza, disfruten plenamente sus derechos humanos.
Esta situación se evidencia en las solicitudes de intervención presentadas por los habitantes ante la Defensoría.
Estadísticas de la institución dan cuenta de que para el año 2018 se presentó un total de 26.615 solicitudes de intervención, de las cuales 13.353 fueron presentadas por mujeres y 10.150 por hombres.
Al proclamar el 20 de febrero como el Día Mundial de la Justicia Social, los Estados miembros de las Naciones Unidas (incluida Costa Rica), reconocieron y se comprometieron en apoyar la labor de la comunidad internacional encaminada en la atención de la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social y la justicia social para todos.
Ante esto la Defensoría hace un llamado a las autoridades a redoblar esfuerzos para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales a los sectores más sensibles a la exclusión social, como es el caso de las personas con discapacidad, niñez y adolescencia, indígenas, personas adultas mayores; personas migrantes, afrodescendientes; y las mujeres.
El ente defensor considera que el goce de estos derechos puede verse amenazado en contextos de pobreza crónica y estructural que ataca principalmente en las regiones periféricas del país.
Según datos de la Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( INEC, julio 2018), el 21,1 % de los hogares del país se encuentra en situación de pobreza; esto equivale a 328.848 hogares.
Las estadísticas dan cuenta también que la Región Brunca y la Huetar Norte son las que presentan mayor incidencia en pobreza, 32,2% y 28,7 % respectivamente.
Ante este panorama, con el fin de generar propuestas de acción pública, la Defensoría desarrolla el “Programa Pobreza y Exclusión”, cuyo objetivo es identificar, analizar y evidenciar los vacíos, debilidades, fortalezas y buenas prácticas de las políticas públicas de la institucionalidad costarricense, diseñadas para el combate y la superación de la pobreza, y de aquellas destinadas a atender las necesidades de las personas que viven en esa condición.
Para la Defensoría es fundamental el goce permanente de los derechos de esta población, a través de estrategias estatales integrales y con una perspectiva estructural.
“La equidad social continúa siendo uno de los grandes desafíos para llegar a constituir una sociedad inclusiva, de oportunidades para todas y todos, donde se respeten las diferencias”, manifestó la defensora de los Habitantes, Catalina Crespo.
