San José, 11 dic (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes alertó sobre la dilación del Estado costarricense en la implementación de una Política Nacional de Integridad y Combate a la Corrupción, así como la falta de un sistema de gobernanza que coordine las instituciones públicas competentes en la materia.
La Defensoría señala que la ausencia de una política pública, la falta de liderazgo del Poder Ejecutivo y la descoordinación institucional restan efectividad a las acciones contra la corrupción. Esto explicaría por qué Costa Rica se ha mantenido estancada en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, lejos de los países líderes de la región y del promedio de la OCDE.
La Defensoría lamenta la minimización de la “Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción” (ENIPC), que, bajo el liderazgo de la Procuraduría de la Ética Pública y la organización Costa Rica Íntegra, sentó las bases para una estrategia integral con ejes de trabajo clave.
Recientemente, la Defensoría consultó al Poder Ejecutivo sobre la construcción de la política anticorrupción, un mandato de las convenciones internacionales suscritas por Costa Rica. El Ministerio de Justicia informó que la construcción inició en 2024, con reuniones de consulta y redefinición de ejes de trabajo. Se prevé la finalización del documento final para el 30 de abril de 2026, y la conclusión de la política antes de finalizar la actual administración.
La Defensoría destaca que la corrupción es uno de los principales problemas que preocupan a la población costarricense, según encuestas de opinión, a pesar de lo cual el Estado ha demorado la adopción de medidas contundentes.
