San José, 12 nov (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes presentó ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), su oposición técnica a la propuesta de fijación tarifaria solicitada por Jasec, que incrementaría en el año 2020, las tarifas del servicio de distribución de energía eléctrica en un 5,12% para los hogares, sectores productivos y comerciales locales de la zona.
La Defensoría es consciente que para cualquier servicio público es necesario ajustar periódicamente las tarifas; sin embargo, el aumento promedio que solicitó Jasec, por su magnitud, está fuera de proporción, considerando que la inflación acumulada a octubre de este año es de 1,43%, según el Índice de Precios al Consumidor.
En el estudio de la petición de Jasec, la Defensoría manifestó principalmente tres aspectos de oposición:
En primer lugar, Jasec pretende que un mismo acto se le aprueben fijaciones tarifarias para los años 2020, 2021, 2022 y 2023, práctica que, a criterio de la Defensoría atenta contra la transparencia y participación ciudadana, pues reduce la posibilidad de la fiscalización periódica que los usuarios pueden realizar sobre la operación del servicio.
La Defensoría recordó a la Aresep que el artículo 30 de la Ley 7593, Ley orgánica de la Autoridad Reguladora, establece que, en materia tarifaria, los prestadores de servicios públicos están obligados a presentar, por lo menos, una vez al año, un estudio ordinario, esto para que cada año se someta al control ciudadano los resultados financieros y económicos de la operación del servicio.
Por lo anterior, la Defensoría de los Habitantes solicitó a la Aresep que en la resolución de esta solicitud únicamente se considere la fijación tarifaria para el año 2020, de manera que la empresa cumpla con el mandato legal de presentar cada año para el escrutinio público el estudio ordinario respectivo.
En segundo lugar, la empresa solicita incluir como parte del ajuste el monto por Impuesto al Valor Agregado (IVA) sufragado en la adquisición de insumos para los años 2020 al 2022 (¢971,07; ¢988,95 y ¢1002,72 millones, respectivamente), sin que a la fecha se cuente con una metodología aprobada por la Aresep para tales efectos.
Más aún, la metodología propuesta para el traslado de dicho rubro a tarifas se encuentra en etapa de audiencia pública, la cual se realizará el próximo 25 de noviembre, por lo tanto, en esta solicitud tarifaria no se puede incluir dicho costo dentro de la tarifa.
En tercer lugar, a criterio de la Defensoría, la solicitud presenta incrementos en costos de operación que no responden a criterios de razonabilidad y proporcionalidad y, no cuentan con la adecuada justificación; donde para el año 2020 partidas como tarifas de generación proyecta que aumentan en un 9,9%, los gastos efectivos de distribución aumentan en un 30%, los gastos administrativos y generales aumentan en un 8% y la depreciación de activos se incrementa en 37%.
La Defensoría solicitó que el análisis de la petición de Jasec se realice considerando lo indicado por el señor Regulador de los Servicios Públicos, en cuanto al nuevo enfoque regulatorio de la Aresep que se basa en la promoción del bienestar de la persona usuaria, que obliga a considerar en los modelos tarifarios el logro del equilibrio entre las necesidades de los usuarios y los intereses de los prestadores de los servicios, así como la incorporación de los criterios de equidad social, sostenibilidad ambiental, conservación de la energía y eficiencia económica, entre otros aspectos.
Esto por cuanto la Defensoría observa que en las prácticas regulatorias de la Aresep se mantiene un sesgo economicista, contable y financiero con una clara tendencia hacia el uso de la matemática en los modelos de regulación, dejando de lado los aspectos socioeconómicos y coyunturales que el señor Regulador indicó que se utilizan en las fijaciones tarifarias desde mayo de 2016.
Es por esto que la práctica regulatoria tarifaria actual de la Aresep se reduce a la aplicación de fórmulas matemáticas prestablecidas, que sólo involucran variables contables y financieras, que son inapelables, que no admiten discrecionalidad alguna y que, por su definición, no incorporan variables coyunturales, socioeconómicas, políticas y culturales.
Por tanto, la Defensoría de los Habitantes apela al señor Regulador de los Servicios Públicos para que garantice la coherencia de las acciones de la Aresep con el “nuevo” enfoque regulatorio, donde se concibe como centro de la regulación a la persona usuaria.
