San José, 30 sep (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes manifestó este miércoles su “más profunda preocupación y enérgica condena” ante las acciones del ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, quien fue captado en un video oficial realizando tratos humillantes y arbitrarios contra personas privadas de libertad.
El material audiovisual, difundido el pasado 29 de setiembre en las redes sociales del Ministerio bajo el título “Los Jachudos van directo al CACCO”, muestra al jerarca utilizando “conductas verbales violentas y vejaciones” mientras ordena el traslado inmediato de los reclusos al Centro de Alta Contención (CACCO), omitiendo los protocolos técnicos y legales vigentes.
“Los actos registrados en el video de referencia, que incluyen gritos, humillación pública, la colocación forzada de personas privadas de libertad en el suelo y la clasificación estigmatizante mediante el uso de vocabulario denigrante, constituyen una vulneración directa a la dignidad humana”, sentenció la Defensoría.
El órgano defensor fue enfático al señalar que la reubicación en regímenes de máxima seguridad no puede depender del “arbitrio o al impulso de una autoridad política”, sino que debe regirse por la Circular N.º 1-2026 del Instituto Nacional de Criminología y el Decreto Ejecutivo N.º 45174-JP. Según la normativa, estas decisiones requieren de una valoración profesional y objetiva por parte de los órganos técnicos de la Dirección General de Adaptación Social.
“Las acciones del Ministro de Justicia violentan flagrantemente estas disposiciones, así como los compromisos asumidos por el Estado costarricense al suscribir los instrumentos internacionales de protección de Derechos Humanos”, agregó la institución.
Ante esta situación, la Defensoría instó al jerarca a cesar de inmediato las prácticas de “exposición pública y hostigamiento” en plataformas digitales, así como a suspender los traslados al CACCO que no cuenten con el debido proceso técnico.
“La función penitenciaria debe regirse bajo criterios estrictamente técnicos, científicos y de legalidad, orientados a la reinserción social y la garantía de la seguridad penitenciaria ajustada a los principios de derecho, nunca bajo lógicas de humillación o amedrentamiento”, concluyó el comunicado.
