San José, 12 jun (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes calificó como “prematura” la puesta en marcha del Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP-SAP) en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), tras concluir una investigación formal que documentó una crisis sistémica en la institución.
La intervención del órgano defensor se originó tras una denuncia de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA), la cual alertó sobre los peligros de implementar esta plataforma tecnológica sin las condiciones técnicas necesarias.
Según el informe, la Presidencia Ejecutiva de la CCSS ordenó la entrada en operación del sistema el 2 de junio de 2025, a pesar de reconocer que no se garantizaba una implementación funcional. Esta decisión ignoró advertencias documentadas de la Auditoría Interna sobre interfaces incompletas, migraciones de datos parciales y riesgos operativos durante el periodo fiscal.
La investigación, que contrastó reportes de diversas gerencias de la Caja con estándares internacionales de organismos como la OCDE y el Fondo Monetario Internacional, arrojó ocho hallazgos críticos que afectaron la gestión financiera, logística y el suministro farmacéutico.
Entre los puntos más graves, la Defensoría destacó:
- Decisión política sobre técnica: La puesta en marcha respondió a una orden de la Presidencia Ejecutiva y no a una validación técnica; las gerencias firmaron por “acatamiento” y no como aval de funcionalidad.
- Parálisis financiera: Desde junio de 2025, la CCSS fue incapaz de generar estados financieros, acumulando miles de facturas sin tramitar, lo que impactó el pago de incapacidades y planillas.
- Riesgo a pacientes: El sistema falló en asegurar la trazabilidad de medicamentos, incluidos psicotrópicos, obligando a controles manuales y provocando casos de entrega incompleta.
- Ineficiencia millonaria: La crisis obligó a la institución a contratar plazas temporales por un costo superior a los ₡1.300 millones para realizar tareas que debían ser automatizadas.
Para la Defensoría, los hechos no representan incidencias aisladas, sino el resultado de decisiones que desoyeron advertencias reiteradas. “Una institución como la CCSS no puede permitirse implementar sistemas críticos sin las garantías técnicas mínimas”, sentenció el ente.
Ante este panorama, la Defensoría emitió cuatro recomendaciones formales a la Junta Directiva de la CCSS, instando a esclarecer las responsabilidades administrativas, evaluar los efectos sobre la continuidad de los servicios y establecer salvaguardas obligatorias para futuros proyectos tecnológicos de esta magnitud.
La institución informó que dará un seguimiento riguroso al cumplimiento de estas recomendaciones para asegurar la estabilidad de la seguridad social costarricense.
