San José, 5 may (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes emitió una serie de observaciones ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) durante la audiencia pública donde se discutió una reforma al modelo de cálculo de tarifas para los servicios de agua, alcantarillado sanitario e hidrantes.
Para la Defensoría la propuesta de esta nueva metodología plantearía por un lado una mejor forma de aprobar ajustes tarifarios; pero por otro lado considera que es imposible determinar si su aplicación representará una rebaja en las tarifas que pagan los usuarios de AyA y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) en el país.
La Defensoría sostiene que si bien es cierto Aresep tendría un mejor control sobre los proyectos e inversiones que se cargan a las tarifas, se requiere garantizar una proceso adecuado y eficiente de fiscalización por parte de la autoridad reguladora. Asimismo el AyA y la ESPH a partir de la aprobación del nuevo modelo deberán de devolver a los usuarios los montos recaudados no utilizados, semestralmente, en siguiente ajuste. Y por último se creará un cargo adicional para la protección de recurso hídrico, que es un beneficio a largo plazo.
En ese sentido la propuesta facilitaría que el AyA y la ESPH pasen de un modelo de tasa de retorno (que les garantiza porcentajes de ganancias) a uno basado en sus necesidades de efectivo, considerando las necesidades de inversión para mantenimiento y desarrollo de los servicios.
“Lo anterior es positivo, siempre y cuando la labor de fiscalización por parte de la Aresep sea cumplida a cabalidad, no autorizando proyectos que no estén debidamente planificados, desarrollados y con un cronograma preciso que permita a la Autoridad Reguladora dar seguimiento a la ejecución de las inversiones”, manifestó la Defensora de los Habitantes, Montserrat Solano Carboni.
Incluso, el órgano defensor recomienda que se establezcan sanciones por atrasos en la ejecución del proyecto cuya responsabilidad sean del operador del servicio (AyA o ESPH).
Protección del agua
Por otro lado, la Defensoría estima importante la inversión en la protección del agua a mediano y largo plazo, pero insiste en que también deben fiscalizarse las inversiones para que esos dineros no se trasladen hacia gastos de poco o ningún impacto en la protección de las fuentes de agua.
Por esa razón, el modelo no debe limitarse a la presentación de proyectos “bien elaborados” como se indica en la propuesta, sino que la Aresep debe supervisar su ejecución e impacto.
También, la Defensoría dejó claro que no deben eliminarse los subsidios que benefician a las poblaciones en situación de vulnerabilidad, las instituciones de bien social como hogares de ancianos, hospicios de huérfanos y centros de salud y educativos públicos. Esto porque la propuesta de la Aresep establece que la política de subsidios sea conocida después por su Junta Directiva.
El órgano defensor está de acuerdo con la incorporación de un factor de eficiencia de la empresa -ligado a las pérdidas de agua- y que se aplicaría sobre el reconocimiento del incremento proyectado de los gastos de operación, mantenimiento y administración, a la hora de aprobar un ajuste tarifario. Ello representaría estímulo para que el operador mejore su gestión.
