San José, 24 mar (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes expresó su preocupación por la deportación de personas migrantes con procedimientos improvisados, calificando la situación como un “drama humano”.
Ante el nuevo acuerdo migratorio con Estados Unidos, la Defensoría exige al Estado costarricense demostrar con hechos concretos y evidencia que está preparado para garantizar los derechos y la atención integral de estas personas, según un comunicado de prensa emitido este martes.
El defensor adjunto de los Habitantes, Juan Carlos Pereira, enfatizó que “es una obligación del Estado, informarles su condición en Costa Rica así como la atención integral, la garantía de sus derechos y su protección internacional”.
“No queremos más sorpresas de recibir personas deportadas sin estar preparados. Hablamos de seres humanos, que son niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores, mujeres en estado de embarazo, personas con discapacidad, entre otras; no hay espacio para la improvisación. Son personas, no mercancías de intercambio”, agregó.
Ante esta situación, la Defensoría solicitó al Ministerio de Seguridad Pública, Gobernación y Policía y a la Dirección General de Migración y Extranjería un informe detallado sobre las medidas que se implementarán para la atención de los migrantes deportados.
Este informe deberá incluir información sobre la autorización de permanencia, el traslado al CATEM-sur, la asistencia humanitaria, la satisfacción de necesidades básicas y un protocolo de coordinación interinstitucional que involucre al Instituto Nacional de las Mujeres, el Patronato Nacional de la Infancia y la Cruz Roja, entre otros.
La Defensoría recordó que en el pasado, tras la deportación de 200 personas en 2025, el Estado tardó casi un año en corregir los procedimientos y garantizar la atención integral. Actualmente, el ente defensor monitorea la situación de un grupo de estas personas que permanecen en Costa Rica.
En febrero de 2026, un informe reveló que, de las 200 personas deportadas, 110 salieron mediante el programa de retorno voluntario asistido, 34 presentaron solicitudes de refugio y 56 realizaron salidas voluntarias del CATEM-Sur.
La Defensoría de los Habitantes advierte que “abrir un nuevo capítulo en las condiciones presentadas el año anterior, representaría una extensión del drama humano” y se mantendrá vigilante sobre la implementación del nuevo acuerdo migratorio.
