San José, 23 oct (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes acudió este miércoles a la Sala Constitucional para presentar una coadyuvancia a un recurso de amparo relacionado con los recortes presupuestarios en educación, alegando que estos “provocan un deterioro irreversible en el sistema educativo público y afectan sensiblemente los derechos de la niñez y de las personas jóvenes”, según afirmó.
La Defensoría explicó que el recorte presupuestario ha generado el deterioro de la educación pública en varios aspectos clave, incluyendo calificaciones más bajas en las pruebas PISA y una mayor cantidad de centros educativos con órdenes sanitarias. También destacó una disminución en el número de beneficiarios de programas de apoyo para estudiantes, como Avancemos y becas postsecundarias.
Según un análisis realizado por la Defensoría, el número de personas de entre 5 y 18 años que no asisten a la educación formal aumentó un 20% de 2022 a 2023, con la falta de interés en el aprendizaje formal como principal motivo de no asistencia. Además, los estudiantes menores de edad son una de las poblaciones más afectadas por la pobreza, con aproximadamente un 37% viviendo en pobreza o pobreza extrema en 2023.
La Sala Constitucional ha advertido durante más de una década que los presupuestos asignados a la educación son inconstitucionales por ser inferiores a lo estipulado en la Constitución.
La Defensoría sostiene que el informe presentado por Hacienda no demuestra que haya realizado todas las medidas posibles para movilizar y asignar presupuesto a la educación.
Por lo tanto, la Defensoría solicitó a la Sala Constitucional que resuelva el recurso de amparo antes del 30 de noviembre, con el fin de que el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa acaten la resolución antes de aprobar el presupuesto para 2025.
