San José, 19 nov (elmundo.cr) – La defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, anunció este jueves que no presentará su renuncia al cargo, a pesar de la moción aprobada por 29 diputados de la Asamblea Legislativa que le solicita dejar su puesto bajo la amenaza de abrir un procedimiento de destitución.
La jerarca calificó la situación como un “momento muy difícil para Costa Rica” y defendió su gestión ante los cuestionamientos legislativos, los cuales se centran en una visita técnica realizada el pasado 13 de noviembre al Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO).
“Renunciar a mi cargo, como propone la moción, equivaldría a reconocer un incumplimiento en mis deberes legales en el cual nunca incurrí. Hacerlo, atentaría contra la verdad de los hechos y contra los valores éticos que han guiado mi administración”, sentenció Cruickshank mediante un pronunciamiento oficial.
La Asamblea Legislativa cuestiona a la Defensora por el establecimiento de sus prioridades institucionales y le atribuye un trato “altanero e irrespetuoso” hacia el personal del centro penitenciario. No obstante, Cruickshank rechazó categóricamente estas acusaciones.
“En ningún momento me conduje de una manera altanera, irrespetuosa o contraria a las normas de convivencia”, aseguró la Defensora.
Por el contrario, denunció que “existieron conductas atribuibles al personal a su cargo [del Ministerio de Justicia] que no solamente fueron irrespetuosas de mi investidura, sino que también obstaculizaron, incluso físicamente, e impidieron el ejercicio pleno de las competencias de fiscalización”.
La jerarca enfatizó que la inspección al CACCO es parte de una investigación iniciada en mayo de 2025 sobre el proyecto de la “megacárcel” y subrayó que la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de libertad no es excluyente con la solidaridad hacia las víctimas de la criminalidad.
“Presentarlas como intereses contrapuestos o como una disyuntiva entre proteger a unas personas o a otras constituye una narrativa de división, que atenta contra la convivencia democrática y la propia cultura de derechos humanos de nuestro país”, señaló.
Finalmente, Cruickshank reafirmó que su compromiso con la institución permanece “inalterable” y que completará el periodo de cuatro años para el cual fue designada, apelando a que la labor de la Defensoría debe mantenerse firme aunque genere “incomodidad, cuestionamientos o amenazas”.