San José, 8 ene (elmundo.cr) – La defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, manifestó que desde la Defensoría se encuentran muy complacidos con la resolución de la Sala Constitucional.
La Sala Constitucional evacuó la consulta facultativa de constitucionalidad interpuesta por la Defensoría sobre el proyecto de “Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico 2025”, que se tramitó bajo el expediente legislativo 24.535.
La Sala Constitucional determinó que la omisión de incluir en el presupuesto del Ministerio de Educación Pública (MEP) el porcentaje correspondiente al 8% del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a financiar la educación pública constituye una violación al mandato establecido en el artículo 78 de la Constitución Política.
Esta omisión, según la resolución, afecta directamente el derecho constitucional a la educación gratuita y costeada por la Nación y pone en riesgo el cumplimiento de las garantías fundamentales que el Estado debe proporcionar a la niñez, adolescencia y juventud.
La defensora recalcó que “la reducción tan marcada en la inversión pública en educación genera regresividad en derechos humanos, que está afectando de forma muy marcada al derecho de los niños, los adolescentes y las juventudes a una educación digna, de calidad e inclusiva en todo el territorio nacional”.
Cruickshank reconoció que en sus visitas a los centros educativos los estudiantes reclamaron por mayor inversión para garantizar el acceso a los recursos que se necesitan para garantizar la inclusividad en temas de discapacidad, educación tecnológica y el bilingüismo, entre otras.
“Nos parece importante que habiéndose determinado la inconstitucionalidad de la Ley de la República, que el Poder Ejecutivo pueda tomar acciones decididas en respeto a la Carta Magna y para la garantía de los derechos de todos los jóvenes de este país”, aseguró.
La defensora insistió en que seguirán tomando todas las acciones necesarias a efectos de que se cumpla con la garantía constitucional del 8% del PIB y que en ese sentido los costarricenses tengan una educación de calidad como se merecen los niños, los adolescentes y los jóvenes.
