San José, 29 mar (elmundo.cr) – La defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, calificó como negativo para la institución el expediente 23.217, que reforma la ley de la Defensoría de los Habitantes que se estudia en la Comisión de Gobierno y Administración.
“La propuesta de reforma legislativa de la ley de creación de la defensoría carece de estudio serio que responda a razones técnicas o lo más importante al interés público. Se pretende asimilar en lo conceptual y en lo práctico a dos instituciones cuya naturaleza jurídica son radicalmente diferentes y esto es desconocer sus especificidades y las diferencias entre estas”, dijo la defensora.
La iniciativa propone que la Asamblea Legislativa nombre el defensor de los Habitantes por un periodo de seis años mediante mayoría absoluta de los diputados presentes y no podrá ser reelegido de manera consecutiva por más de dos periodos.
Además se plantea que la Asamblea Legislativa ratificará al defensor adjunto propuesto por el defensor de los Habitantes a más tardar un mes después del nombramiento de este.
La defensora cuestionó que se elimina la terna para la designación del defensor adjunto debido a que, a su criterio, se concentraría el poder en el jerarca de la Defensoría.
La diputada de Liberación Nacional, Katherine Moreira, consultó si el proyecto viene a mejorar la institución y las condiciones para los objetivos de la misma.
“Ciertamente me he encontrado una institución que particularmente debo decir, se tiene que honrar en tener un funcionariado como un nivel de experticia técnico inigualable y que creo que es el el baluarte de la institución y lo que permite que la magistratura de influencia que me corresponde ostentar a mí, sea o deba ser más fácil de sustentar y precisamente me parece que el proyecto de ley en discusión, mermaría esa magistratura de influencias y lo que hace es debilitar el actuar institucional entre otras cosas”, afirmó la jerarca.
Cruickshank dijo que se debilitaría la institución no solo técnicamente eliminando direcciones y dejando solo tres direcciones de las incluso dejando por fuera la Dirección de Asuntos Jurídicos que, según afirmó, resulta un pilar en cualquier ente público.
El diputado del Frente Amplio, Antonio Ortega, preguntó si el proyecto cumple con los principios de París y si se ajusta a la razón de ser de la Defensoría.
La defensora indicó que “hoy recibimos una serie de recomendaciones en el marco del fortalecimiento del trabajo de la institución y entre de ellas, claramente se identifica por un lado el riesgo que incurriría la institución en el caso de hacer cambios que son sustantivos, que no nos permitirían entonces garantizar por ejemplo el pluralismo, que es uno de los principios fundamentales de los establecidos en este cuerpo normativo, garantizar el fortalecimiento del presupuesto de la institución”.
“También con los cambios y las modificaciones que se hacen a través del proyecto de ley lo que harían es debilitar sustancialmente las posibilidades de ejercer ese rol de verdad, no solo de institución nacional de derechos humanos, sino el rol contralor de los funcionarios del sector público”, agregó.
