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Defensora: Costa Rica enfrenta el desafío de no retroceder en derechos humanos

» Solo en el 2019, se recibieron más de veintiséis mil solicitudes de intervención.

San José, 25 jun (elmundo.cr)- “Es imperioso ubicar los derechos de las personas como la razón de ser de la acción pública, evitando que las decisiones y medidas que se adopten tengan como consecuencia la profundización de las situaciones que, desde hace muchos años, son causa de la violación de los derechos humanos de amplios sectores de la sociedad costarricense”, afirmó la la defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, al dar a conocer el más reciente Informe de Labores 2019-2020, presentado hoy ante el plenario legislativo.

Para el ente defensor, si bien existen amplios sectores de la sociedad costarricense que ya experimentaban una disminución o negación de sus derechos, en un contexto de pandemia, el disfrute real de muchos de estos derechos, como trabajo, educación, vivienda, acceso a un servicio regular y continuo de agua potable o a la tecnología en condiciones que garanticen su accesibilidad y asequibilidad, tienen un valor indispensable para hacer frente a la crisis sanitaria y a las consecuencias sociales y económicas que derivan de ella.

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En el Informe de Labores 2019-2020, Crespo llama la atención al Estado de que en tiempos de limitaciones graves de recursos, persiste su obligación de proteger y garantizar los derechos de los miembros más vulnerables de la sociedad.

“En su condición de Institución Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría se ha concentrado en los últimos meses en dar seguimiento a las acciones que las diversas entidades públicas han realizado para atender la crisis, velando porque estas se ajusten al ordenamiento jurídico y a las obligaciones y principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, dijo la Defensora.

Es así como ha emitido varias alertas sobre medidas dirigidas a mujeres, población privada de libertad, personas menores de edad en albergues del PANI, personas con discapacidad y personas en situación de indigencia, entre otras. Asimismo, analizó el primer Informe Mensual de seguimiento a la ejecución del Bono Proteger, presentado por el gobierno, e intervino por el desabastecimiento de agua potable en comunidades de San José, Alajuela y Cartago.

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Solo en el 2019, se recibieron más de veintiséis mil solicitudes de intervención.

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