San José, 24 oct (elmundo.cr) – La Asociación Solidarista de Servidores Judiciales se encuentra bajo la lupa tras aprobar un crédito de ₡128 millones a la magistrada de la Sala Tercera, Patricia Solano, una operación financiera que ha generado fuertes cuestionamientos por parte de la diputada del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Marta Esquivel.
Según la información expuesta por la legisladora, el plazo del préstamo, fijado a 30 años, implicaría que la magistrada terminaría de cancelar la deuda cerca de los 96 años de edad. Esquivel enfatizó la necesidad de esclarecer los criterios técnicos y las garantías que respaldaron esta aprobación.
“Son ₡128 millones. No estamos hablando de cualquier préstamo. Voy a pedir que expliquen quién lo aprobó, con qué garantías y si a cualquier asociado en condiciones similares le ofrecen lo mismo. El cargo de magistrada no puede significar un trato especial”, afirmó Esquivel.
La diputada señaló además que la propiedad utilizada como respaldo registra una estimación de compra de US$45.000 en 2023, un monto que, a su juicio, no corresponde a un avalúo actualizado de 2025, por lo que se desconocen los detalles de la valoración técnica empleada para justificar el crédito.
Cesantía bajo la lupa
Más allá de las condiciones del préstamo, Esquivel ha puesto en duda la legalidad de los aportes de cesantía que se habrían realizado a nombre de Solano. La legisladora sostiene que, debido a su condición de magistrada y su eventual estatus como pensionada, es necesario determinar si dichos pagos correspondían legalmente.
“Con la cesantía el asunto es sencillo: hay que establecer si esa plata le correspondía. Si hubo aportes, deben mostrar la norma que los permitía, cuánto se depositó y quién lo autorizó. Si se entregó dinero indebidamente, deben determinarse las responsabilidades”, sentenció la diputada.
Esquivel adelantó que solicitará una investigación detallada para aclarar qué pagos se realizaron, qué periodos comprendían y cuál fue el respaldo legal para cualquier aporte posterior a la liquidación que Solano habría recibido anteriormente.
Este cuestionamiento se suma al escrutinio político que enfrenta la magistrada Solano, cuya reelección ha sido rechazada recientemente por la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, instancia presidida por la propia Esquivel, citando preocupaciones sobre su gestión en la jurisdicción penal y la falta de avances en la carrera fiscal del Poder Judicial.
