Por: Luis Manuel Madrigal
Asamblea Legislativa, 20 abr (elmundo.cr) – El diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Humberto Vargas Corrales denunció este lunes en una conferencia de prensa una serie de actuaciones y nombramientos irregulares en el Consejo de Transporte Público (CTP) y amenazó con elevar el caso al Ministerio Público.
Vargas Corrales, acompañado de José Antonio Rojas, Presidente de Asoprousuarios y Carlos Portugués, presidente del Tribunal de Transporte Administrativo, presentaron una serie de hechos y alegatos en el salón de expresidentes de la Asamblea Legislativa, exigiendo el cierre inmediato del CTP.
Según el acta ordinaria N° 016-2015 del 25 de marzo del 2015 del Consejo de Transporte Público, de la cual elmundo.cr tiene copia, la Junta Directiva del CTP aprobó girar la suma de 808.557.384 colones para pagar la compra de un edificio al Instituto del Café de Costa Rica, esto mediante un presupuesto extraordinario de 905 millones de colones.
Además, según se muestra en dicha acta, el ingeniero Sebastián Urbina Sánchez quien funge como viceministro de Transporte Terrestre y Seguridad Vial y vicepresidente de la Junta Directiva, anunció que al día siguiente viajaría a Nicaragua para reunirse con el viceministro de Transportes de ese país, sin anunciar los motivos o alcances de dicha reunión.
Asimismo, Sánchez solicitó que Mario Zárate, director ejecutivo y Juan Carlos Soto Vindas, ambos empresarios del sector autobusero lo acompañaran en ese viaje, pagado con fondos públicos.
Según el diputado Humberto Vargas del PUSC, los nombramientos de Zárate y Vindas en el CTP son irregulares e ilegales pues existe un conflicto de intereses, que fue elevado a la Procuradoría de la Ética y que la misma pidió a esa entidad “ponerse a derecho”, aunque ignoró dicho pronunciamiento.
En esa misma sesión, la junta directa aprobó nombrar al señor Hernán Bermúdez como director ejecutivo durante la ausencia de Mario Zárate “para que pueda firmar todos los asuntos judiciales y extrajudiciales que se presenten durante su ausencia”. Para el diputado socialcristiano, tal acción es ilegal pues se hizo un nombramiento sin concurso previo y sin que se tomaran en cuenta sus atestados.
Vargas Corrales solicitó al Gobierno convocar su proyecto de Ley el cual pretende cerrar el CTP y convertirlo en un órgano técnico en el que no se nombre a personas ligadas al transporte remunerado de personas como autobuseros y taxistas.
El diputado agregó que Carlos Segnini se fue del país con un “permiso irregular” y pidió a Luis Guillermo Solís despedirlo por abandonar su puesto de trabajo.
Finalmente, el diputado advirtió que de continuar la situación actual, elevarán el caso al Ministerio Público para que los responsables paguen con cárcel.
