San José, 07 oct (elmundo.cr) – El Consejo de Transporte Público (CTP) inició un procedimiento administrativo ordinario contra la empresa Alfaro, dueña del bus accidentado en Cambronero el 17 de septiembre, en vista de que la unidad seguía circulando pese a que había cumplido su vida útil en el año 2021.
Según el CTP “se inició un procedimiento administrativo ordinario, el cual se encuentra en la Ley General de la Administración Pública, en los artículos 308 al 319”.
Además señaló que se le dará audiencia a la empresa para que explique “posibles incumplimientos legales y contractuales”.
“Cualquier empresa [a la que se le abra un procedimiento de este tipo] se expone a un llamado de atención e incluso a perder la concesión”, explicó la oficina de prensa del CTP ante una consulta de AmeliaRueda.com este pasado 3 de octubre.
Tras la audiencia, cuya fecha no fue revelada pues es “oral y privada”, se elevará a la junta directiva del CTP una resolución del procedimiento, para que esta acuerde la resolución final del caso y se la comunique a la empresa.
El pasado 22 de septiembre, cinco días después de la tragedia en la Ruta 1, a la altura de Cambronero, que ocasionó la muerte de nueve pasajeros, el Consejo reveló que el autobús había cumplido ya su vida útil y que la empresa había sido notificada al respecto.
“El CTP había prevenido a la empresa autobusera para que sustituyera la unidad, sin que, hasta la fecha del percance, esa advertencia fuera atendida”, rezaba un comunicado, que a su vez aseguraba que el accidente fue “a causa de un evento imprevisible de la naturaleza”.
La Ley de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad (7.600), en su artículo 46 bis, establece que el CTP y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) “no permitirán la circulación”, de buses de transporte público después de 15 años de su fabricación.
El pasado 27 de septiembre, la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa dio visto bueno a un proyecto de ley para aumentar a 20 años la vida útil de los buses. La iniciativa se discutirá ahora en el plenario. En la Comisión solo fue rechazada por el Frente Amplio.
Pese a ese proyecto, el CTP se comprometió a seguir aplicando “de forma estricta los procedimientos administrativos que correspondan por los vencimientos de la antigüedad de la flotilla”, y avisó que si las empresas no se atienden las notificaciones “se exponen hasta la suspensión de sus operaciones”.
