San José, 10 oct (elmundo.cr) – El Consejo de Transporte Público (CTP), investiga si la operación de la autobusera Empresa Alfaro está apegada a las normas legales de antigüedad de la flota e incluso le dieron un plazo “a la brevedad” para que se pronuncie sobre la investigación.
La acción de la entidad reguladora del transporte público de personas, se generó luego de revelarse públicamente que uno de sus autobuses de la ruta a Nicoya, fue el accidentado en la tragedia de Cambronero hace dos semanas, el cual, en apariencia, tenía vencida su vida útil, según las normas costarricenses.
En dicho accidente perdieron la vida nueve personas que viajaban desde San José hacia Guanacaste, luego de que un terraplén arrastrara la unidad hasta un precipicio.
De esa manera, el CTP decidió “adoptar las medidas cautelares que permitan, al menos en forma temporal, separar de la operación del servicio a la Empresa Alfaro Limitada hasta tanto se avance en el Proceso Administrativo Ordinario”, para decidir una eventual sanción definitiva.
No obstante, los directores decidieron suspender la ejecución de la sanción temporal para otorgarle a la empresa el debido proceso de defensa. En principio, la propuesta que analizaron los directores del Consejo era sancionar a la empresa por el supuesto incumplimiento de la ley.
Sin embargo, en la sesión de la junta directiva en que se conoció dicho planteamiento, se acordó rechazar la moción que pretendía separar a la empresa del servicio de transporte público que brinda.
Por un asunto de llevar el debido proceso, primero el CTP decidió abrir un procedimiento administrativo, antes de ejecutar cualquier sanción. Así lo explicó, Erick Ulate, representante de las personas usuarias ante la junta directiva
“Adoptar la medida limitada únicamente a la empresa Alfaro, tal y como está planteada la solicitud de acuerdo formulada por don José Miguel (otro directivo), podría ser discriminatoria, se podría más bien caer en Sala Constitucional (…) por esa razón siendo que hay empresas que tienen los mismos problemas, debe de aplicárseles la medida cautelar a todas ellas”, fue la explicación de Ulate para votar en contra de suspender a Empresa Alfaro.
Según explicó la entidad, cualquier empresa a la que se le abra un procedimiento de este tipo, se expone a un llamado de atención e incluso a perder la concesión.
Tal y como el acuerdo lo señaló, otro motivo de separar a la empresa Alfaro de la prestación del servicio, es por la posibilidad de que existan otras unidades de autobús estén prestando el servicio fuera de su vida útil, mientras se lleva a cabo el Proceso Ordinario.
De acuerdo con el artículo 24 de la Ley 3503, la cual regula el servicio remunerado de transporte público, permite la extinción o caducidad de los derechos de explotación de los servicios en la modalidad autobús en caso de demostrarse deficiencias graves y debidamente comprobadas, o por incumplimiento de las condiciones en las cuales debe prestarse.
