San José, 03 dic (elmundo.cr) – Los criminales recluidos en el Centro Penitenciario La Reforma estarán ahora más vigilados gracias a la puesta en funcionamiento de un sistema de monitoreo conformado por 86 cámaras de seguridad, cuya inversión de 500.000 dólares se hizo gracias a una donación de la Embajada de los Estados Unidos.
Las videocámaras se instalaron en puntos estratégicos del centro penitenciario. El personal que se encargará de su manejo y supervisión fue capacitado durante los meses de setiembre, octubre y noviembre por parte de la empresa encargada de desarrollar el proyecto.
La ministra de Justicia y Paz, Cecilia Sánchez; el Embajador de los Estados Unidos de América, S. Fitzgerald Haney y el director de la Policía Penitenciaria, Pablo Bertozzi, inauguraron este proyecto que constituye un hito para el sistema penitenciario nacional, pues La Reforma es el primer CAI del país que se monitorea con este tipo de tecnología.
“La estrecha relación de la Embajada de Estados Unidos con el Ministerio de Justicia y Paz nos permite laborar juntos para contribuir con la seguridad de Costa Rica. Este centro de monitoreo, con cámaras de vídeo en tiempo real, forma parte de una serie de proyectos que tenemos para mejorar la protección y garantizar los derechos humanos de los privados de libertad, y para resguardar a los profesionales que trabajan en los centros penitenciarios del país”, puntualizó el Embajador Haney.
Por su parte, la ministra de Justicia y Paz, destacó la importancia de este sistema que reforzará el trabajo que realiza la Policía Penitenciaria y, además, confirmará el respeto a los derechos humanos de la población privada de libertad.
“Es muy grato para nosotros tener la oportunidad de inaugurar un sistema de monitoreo que sin lugar a dudas, es una excelente contribución al trabajo de la Policía Penitenciaria. No solamente se trata de herramientas que nos van a permitir controlar cierto tipo de conductas en los centros penitenciarios, sino que también y como un objetivo fundamental, nos van a permitir confirmar el respeto a los derechos humanos de la población privada de libertad”, concluyó la ministra.
