Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada presenta muchas inconsistencias, afirma Delgado

» Roces constitucionales y el hecho de que se desea aprobar un proyecto sobre una norma derogada, forman parte de las inconsistencias según la diputada

San José, 22 mar (el mundo.cr) – El proyecto 23.090 Ley de Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada en Costa Rica, impulsada por el Poder Judicial y que está en conocimiento en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, contiene errores de fondo y posibles vicios de constitucionalidad, según afirma la diputada Carolina Delgado Ramírez.

La primera observación  que señaló es que se pretende avanzar con este expediente sin que de previo se haya restituido en la Ley Contra la Delincuencia Organizada (8.754) el artículo 2 que fue derogado desde el 14 de octubre del 2019 y que permite la aplicación de un procedimiento especial para la realización de intervenciones telefónicas, en casos de crimen organizado.

“Es facultad exclusiva de las y los legisladores derogar, reformar o restituir artículos de las leyes. Este trabajo no se hizo con el artículo 2 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, a pesar de que presenté un proyecto de ley, el 23.208, que tenía como fin su restitución y que lamentablemente fue desechado en esta misma Comisión, a partir de premisas falsas que han sido absolutamente desmentidas”, manifestó la legisladora.

Estas son las inconsistencias encontradas por Delgado Ramírez:

Roza con la Constitución Política

El artículo 34 de la Constitución Política establece que ninguna ley podrá ser retroactiva si sus efectos generan un perjuicio en una persona, en sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas. En el caso de este proyecto, el artículo 2 propone que los procesos judiciales de crimen organizado llevados a cabo en la jurisdicción ordinaria, mantendrán su validez, a pesar de que aún no ha entrado en vigencia la ley que crea la jurisdicción especializada, lo que generaría la retroactividad de la norma de aprobarse el proyecto 23.090.

Duplicidad de funciones

El proyecto plantea la coexistencia tanto de la jurisdicción ordinaria como la especializada para los casos de crimen organizado. En dos artículos distintos del expediente se mencionan las funciones de ambas jurisdicciones, que son las mismas.

Discriminación salarial

Al establecer el funcionamiento de dos jurisdicciones, el proyecto establece diferencias en las escalas salariales de los jueces y juezas que se desempeñen en tribunales ordinarios, versus los que estén asignados a la jurisdicción especializada. Esto representa una violación al artículo 33 de la Constitución Política.

Inseguridad jurídica

Además, el texto sustitutivo del 23.090 plantea un transitorio que indica que su entrada en funcionamiento será en el primer bimestre del 2023, aunque ese plazo ya se venció y sobre todo, genera inseguridad jurídica porque determina que entrará a regir siempre y cuando se cuente con el contenido presupuestario requerido. En vista de la situación fiscal del país, que el propio Gobierno ha alertado, no se tiene certeza mínima del momento en que se puedan transferir los recursos a través del presupuesto, para que finalmente pueda operar la jurisdicción de delincuencia organizada.

“Estamos presentando las mociones correspondientes a este proyecto, lo he venido haciendo ya y vamos a seguir generando las alertas sobre un texto que cuenta con importantes errores. La lucha contra la delincuencia organizada debe darserespetando el marco de la legalidad que nos rige, sin que esto signifique que se atropellen deliberadamente los derechos de las personas y que cuente con la seguridad jurídica que permita el cumplimiento del objetivo deseado, que es la lucha eficaz y e efectiva contra el crimen organizado”, manifestó la diputada Carolina Delgado.

Según el criterio de la jueza Rosaura Chinchilla, el proyecto es “extremadamente riesgoso y potenciaría el caos ya imperante en la materia”.

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