San José, 15 nov (elmundo.cr) – La fiscala general de la República de Costa Rica, Emilia Navas Aparicio ordenó ayer la reapertura del caso seguido contra el expresidente del Perú, Alejandro Toledo y otras cuatro personas.
El caso, tramitado en el expediente 13-000051-0618-PE se encontraba con una desestimación desde hace tres años y cinco meses, cuando fue dictada así luego de que el equipo investigador a cargo de Jorge Chavarría -fiscal general suspendido- dejara de lado las pesquisas, ante “falta de elementos probatorios”.
Autoridades de Perú y Brasil habían alertado de que cerca de 17 millones de dólares en supuestos sobornos, pagados por la empresa constructora brasileña Odebrecht, fueron movilizados a cuentas bancarias de sociedades anónimas en Costa Rica.
El Poder Judicial de Perú investiga a Odebrecht por el presunto reparto de 29 millones de dólares en sobornos entre el año 2005 y el 2014 a favor del mandatario Alejandro Toledo (2001-2006) y el presidente Ollanta Humala (2011-2016).
La causa penal en Costa Rica, según indicó el Ministerio Público, se reactivó en contra de Toledo, así como en contra de su suegra, Eva Rosa Fernenbug; el encargado de seguridad de su Gobierno, Avraham Dan On, y el hermano de este, Shai Dan On; así como un empresario identificado como Josef Arieh Maiman.
De acuerdo Navas Aparicio, este caso es uno de los analizados desde el inicio de su gestión, el 13 de octubre anterior, con el objetivo de determinar si ameritaba su reapertura o si, por el contrario, se mantenía la desestimación, dictada desde el 03 de junio del 2015.
“Determinamos que el caso requiere de mayor análisis y que corresponde realizar diligencias de investigación que se habían omitido, a efectos de encontrar elementos de juicio útiles y pertinentes para que la decisión final sea la más atinada”, explicó la Fiscala General en la resolución que presentó el miércoles ante el Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José.
Además de legitimación de capitales, la Fiscalía General de Costa Rica investiga la causa por delitos tributarios, falsificación de documentos públicos, tráfico de influencias y peculado.
Según la Fiscala General, después del análisis realizado al caso se determinó que existieron delitos contra funcionarios bancarios que debieron investigarse, los cuales, producto de la inacción del anterior jerarca, se encuentran prescritos.
“Las anteriores son conductas que encuadran en el artículo 70 de la Ley 8204, entre ellas, que no se analizaron ni reportaron operaciones sospechosas y que se omitió información bancaria que fue requerida a los funcionarios, sobre el presunto lavado de activos”, dijo el Ministerio Público.
Por tratarse de un caso en investigación, cubierto por el secreto de las actuaciones según el artículo 295 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público declinó ampliar en otros detalles.
