San José, 20 nov (elmundo.cr) – Costa Rica participa en la Conferencia sobre Armas Explosivas en Zonas Densamente Pobladas, que se realiza en Dublín, Irlanda.
El viceministro para Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Christian Guillermet, encabeza la delegación costarricense y le acompaña en el equipo de trabajo, la embajadora costarricense en Ginebra, Shara Duncan.
El diplomático participó este viernes en la ceremonia de adopción de la Declaración Política acerca del fortalecimiento de la protección de la sociedad civil contra las consecuencias humanitarias derivadas del uso de armas explosivas en zonas pobladas. Con esta adopción, en la que Costa Rica formó parte activamente, se concluye un proceso cuyas negociaciones lideró Irlanda y lleva ya más de 10 años.
Coherente con su política exterior, Costa Rica ha alzado su voz en los foros internacionales, en total reprobación del uso de armas explosivas en zonas pobladas.
El viceministro Guillermet, destacó durante su participación que el uso de armas explosivas en zonas pobladas atenta no solamente contra las normas del derecho internacional y el derecho internacional humanitario, sino que es inmoral.
“Los daños que provocan despojan a las poblaciones civiles de servicios esenciales que ponen en peligro su sobrevivencia, como el acceso al agua, los servicios médicos y la electricidad; pueden provocar la destrucción de sitios culturalmente relevantes, escuelas y centros de cuido”, indicó.
El viceministro manifestó que “Costa Rica alberga hoy la esperanza de que empecemos un camino hacia la estigmatización de estas armas inmorales”.
Al contar como signatarios a cinco de los mayores exportadores de este tipo de armas, Costa Rica percibe esta declaración, que suscriben 75 Estados y que se construyó con la participación de la sociedad civil y el Comité Internacional de la Cruz Roja, como una señal de esperanza para un futuro más promisorio.
La utilización de armas explosivas en zonas pobladas es contraria al Derecho Internacional y al Derecho Internacional Humanitario y el 90% de sus víctimas mortales son personas civiles inocentes, incluidas niñas y niños, con graves consecuencias la salud física y mental de quienes sobreviven, así como daños al medio ambiente.