Heredia, 05 jun (elmundo.cr) – Costa Rica se encuentra entre los países con las tasas de encarcelamiento más altas de América Latina y el Caribe, según datos de la Universidad Nacional (UNA). Esta situación se da en un contexto donde el Gobierno planea construir una nueva cárcel, sin que se conozcan detalles sobre su diseño o financiamiento.
Según el World Prison Brief de 2024, el país registra 343 personas encarceladas por cada 100 mil habitantes, ubicándose en el quinto lugar de la región, superado por El Salvador, Cuba, Panamá y Brasil. A nivel mundial, Costa Rica ocupa el puesto 22, considerando un total de 224 jurisdicciones.
Marco Feoli, académico del Instituto de Estudios Latinoamericanos (Idela) de la UNA, cuestiona la política punitiva del Gobierno. “Debemos reflexionar qué tanto sirve la cárcel y preguntarnos como sociedad si lo que nosotros queremos es tener a la gente encarcelada o que haya menos violencia”, advirtió.
Feoli argumenta que la estrategia carcelaria no es la solución, ya que el crimen organizado es más poderoso y seguirá operando. Además, señala que el Estado no tiene los recursos suficientes para administrar las prisiones.
Al cierre de 2023, Costa Rica tenía una población carcelaria de 18.090 personas en 32 centros. Las cifras han aumentado en los últimos años, pasando de 7.575 personas privadas de libertad en 2000 a 19.728 al cierre de 2023.
Yolanda Pérez, coordinadora de la maestría en Administración de Justicia con enfoque sociojurídico, considera necesario reformular la Ley de Justicia Penal Juvenil, No. 7.567, que data de 1996.
“Esta ley surgió en un contexto donde el país vivía la situación de los ‘chapulines’, pero ahora es diferente porque es una legislación que se está aplicando a muchachos que son utilizados y reclutados por estas organizaciones. Y no digo que deba hacerse una reforma desde el punto de vista represivo, sino qué se le puede ofrecer a ellos para que no caigan en situaciones de riesgo”, indicó Pérez.
Ambos académicos coinciden en que se deben atender las causas estructurales de la violencia con un enfoque social, abordando la desigualdad, la educación pública, las oportunidades para jóvenes, la desintegración familiar y el consumo de drogas.
