San José, 11 jul (elmundo.cr) – El gobierno de la República de Costa Rica celebra la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el caso de mayor relevancia para el Sistema de Justicia Penal y el Modelo Penitenciario.
El litigio fue iniciado en el 2014 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la Corte IDH. Desde entonces, el Estado ha ejercido activamente su defensa.
Esto se debe a que, un total de 17 personas, entre el año 2004 y 2006, presentaron sus reclamos ante la CIDH, al argumentar que no se les había garantizado el derecho a la revisión integral de sus sentencias penales, por lo que pretendían que en la jurisdicción internacional éstas se anularan.
Sin embargo, el Estado costarricense probó que el sistema de impugnación penal brindó los recursos idóneos para la revisión integral del fallo, tal y como se constata en uno de los párrafos de la sentencia de la Corte IDH.
“Este Tribunal analizó cada uno de los casos a los efectos de determinar si los recursos efectivamente interpuestos por las presuntas víctimas fueron resueltos respetando el derecho de aquellas a una revisión integral de sus sentencias condenatorias; concluyendo que el Estado, en esos casos, no violó el derecho a recurrir el fallo”, alega textualmente el documento.
Por otra parte, la coordinadora general del caso, embajadora Gioconda Ubeda mencionó que “esto lo que hace es consolidar más nuestro sistema de justicia penal en relación con estos casos juzgados antes del 2010 y evidentemente cualquier caso que sea presentado cuestionando este derecho, el de la revisión integral del fallo, tendrá que demostrarse claramente cuales son los fundamentos que están presentando para poder alegar esto y también la demostración de cual es el agravio del que han sido objeto”.
La coordinación general de la defensa del Estado, estuvo a cargo de la embajadora Ubeda, abogada con reconocida experiencia en la defensa del Estado costarricense ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos; y la coordinación adjunta por Eugenia Gutiérrez Ruiz, diplomática con amplia experiencia internacional en derechos humanos.
