San José, 10 nov (elmundo.cr) – Las cooperativas de salud anunciaron la presentación de una querella por difamación de persona jurídica y daño reputacional contra la exdiputada Rocío Alfaro, tras las declaraciones emitidas por la exlegisladora el pasado 8 de octubre frente a la sede central de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y en sus redes sociales.
El sector cooperativo calificó como “irresponsables” y “lesivas” las afirmaciones de Alfaro, quien acusó a estas organizaciones de pretender “robarse los recursos de la Caja” y de operar mediante supuestos sobreprecios.
El licenciado Sergio Castillo, vocero de Coopesalud, afirmó que “es inaceptable y estamos preparando las acciones legales correspondientes contra lo dicho por la exdiputada”.
Castillo enfatizó que los procesos de contratación pública son temas técnicos que deben mantenerse alejados de las disputas ideológicas o sindicales.
“Los trámites administrativos y los procedimientos de contratación pública son asuntos técnicos rigurosos que deben mantenerse al margen del terreno ideológico y de las disputas sindicales con la administración”, añadió el abogado.
Las cooperativas de salud, que cuentan con 39 años de trayectoria en el país, señalaron que las acusaciones afectan la honra y el crédito de organizaciones que brindan servicios a más de medio millón de costarricenses.
Asimismo, aclararon que los retrasos en los procesos de contratación responden a problemas técnicos en el Área de Contabilidad de Costos y Registros, y no a las irregularidades delictivas que ha señalado la exdiputada.
La querella se fundamenta en el artículo 153 del Código Penal costarricense, el cual tipifica la difamación contra personas jurídicas. Con esta acción, el sector busca que Alfaro responda ante los tribunales de justicia por sus señalamientos.
Este conflicto se enmarca en un contexto de alta tensión entre la exdiputada y las autoridades institucionales. Cabe recordar que, desde junio de 2026, Alfaro ha mantenido una disputa con el Poder Ejecutivo tras su elección como representante sindical ante la Junta Directiva de la CCSS, nombramiento que fue rechazado inicialmente por el Consejo de Gobierno bajo argumentos de falta de idoneidad y supuestos conflictos de interés relacionados con su postura crítica hacia la contratación de servicios de salud privados.
