San José, 02 nov (elmundo.cr) – Las cooperativas de salud COOPESALUD R.L., COOPESAIN R.L. y COOPESANA R.L. anunciaron la presentación de una querella penal directa contra los funcionarios de la Contraloría General de la República (CGR) que elaboraron la nota técnica utilizada como base para los allanamientos del denominado caso Barrenador.
Según los representantes de las cooperativas, dicho documento validó de forma “irresponsable” un estudio del Área de Contabilidad de Costos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que, según denuncian, contenía errores técnicos y omisiones contables.
Sergio Castillo, abogado y vocero de las cooperativas, afirmó que la decisión de acudir a la vía penal responde a la falta de controles internos en la Contraloría.
“Desde COOPESALUD, COOPESAIN y COOPESANA hemos tomado una decisión firme y clara: vamos a presentar una querella penal directa contra los funcionarios de la Contraloría General de la República que estuvieron al frente de la elaboración de la nota técnica que afectó gravemente a nuestras cooperativas y terminó incidiendo en la prestación de los servicios de salud”, declaró Castillo.
El caso Barrenador, que estalló en septiembre de 2024, se centra en una investigación sobre supuestos sobreprecios en la adjudicación de 138 Ebais a cooperativas de salud. No obstante, las cooperativas han sostenido reiteradamente que los cálculos de la Caja omitieron ahorros millonarios para la institución y que el Ministerio Público no ha realizado un análisis forense contable independiente que contraste estas cifras.
“El Ministerio Público utilizó esa nota técnica como parte fundamental de la motivación para los allanamientos del caso Barrenador, avalando un estudio contable del área de costos que es totalmente defectuoso y que jamás ha sido contrastado ni revisado por los peritos forenses del OIJ, a pesar de que lo hemos solicitado en reiteradas ocasiones”, enfatizó el vocero.
Aunque las cooperativas han intentado la vía contenciosa para solicitar la nulidad de la nota técnica, un fallo reciente señaló la imposibilidad de revisar el caso por esa ruta, una decisión que, según indicaron, será apelada ante un tribunal de alzada.
Las entidades recalcaron que este “vacío probatorio” y el uso de la técnica cuestionada no solo han afectado la operación de las cooperativas, sino que han generado incertidumbre en la prestación de servicios a los asegurados.
La querella, según anunciaron, se mantendrá hasta que se esclarezcan las responsabilidades de los funcionarios involucrados en la emisión del documento técnico.
