San José, 26 nov (elmundo.cr) – El contrato suscrito entre el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) no requiere el refrendo de la Contraloría General de la República. Asó lo estima Julieta Bejarano, directora jurídica de la estatal.
Bejarano, mediante un comunicado enviado por el ICE este jueves afirma que los contratados administrativos entre entes de derecho público, como el suscrito entre el CONAVI y el ICE para que se supervisara un tramo de la Ruta a San Carlos, no requieren el refrendo de la Contraloría General de la República, ya que el artículo 3 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, así lo estima.
Bejarano agregó que esa contratación tampoco tiene que pasar por un procedimiento de licitación, ya que el artículo 2º, del capítulo I de la Ley de Contratación Administrativa excluye de los procedimientos de concurso a la actividad contractual desarrollada entre entes de derecho público, como es este caso.
“Para toda contratación, el CONAVI está regido por la Ley de Contratación Administrativa mientras que el ICE por la Ley 8660 de fortalecimiento y modernización de ICE. Bajo el concepto de Estado Unitario, la misma Ley exige que los actos relativos a esta actividad deberán garantizar la efectiva satisfacción del interés general, a partir de un uso eficiente de los recursos institucionales”, dijo la funcionaria.
La Sala Constitucional ha ratificado la importancia de que las administraciones públicas, en todo su accionar, respondan a criterios de eficiencia en aras de lograr el bienestar general de la colectividad.
“En el caso del ICE, tanto la ley decreto 449 como la Ley 8660 dan plena potestad al Instituto para suscribir convenios o contratos que impulsen el desarrollo del país”, dijo la estatal.
Bejarano comentó además, que la respuesta de la Procuraduría General de la República a una consulta del diputado Otto Guevara en torno a si el ICE tiene potestad para construir obra pública, “no está relacionada con este contrato de supervisión entre CONAVI y el Instituto”. Según la funcionaria, el criterio de la Procuraduría tampoco impone limitaciones a que el ICE ponga su experticia y conocimientos a fin de contribuir con el progreso del país en beneficio de la colectividad, como lo hecho históricamente a lo largo de sus 66 años de existencia.
“Sin desatender el área de competencia asignada a cada institución, el ICE brinda acompañamiento experto, haciendo con ello un mejor uso de los fondos públicos y evitando en muchos casos incurrir en sub ejecuciones presupuestarias. Esto último implica el análisis de cada caso concreto en torno a la colaboración del ICE hacia el Estado, en la ejecución de obra pública”, concluyó.
