San José, 20 ene (elmundo.cr) – La Contraloría General de la República (CGR) se abstuvo de opinar sobre los estados financieros del Poder Ejecutivo correspondientes al año 2014, producto de diversos errores, omisiones y deficiencias encontrados.
Los señalamientos se encuentran en el informe Nro. DFOE-SAF-IF-05-2016, desarrollado por el área de fiscalización del sistema de administración financiera de la República y se efectuaron en cumplimiento de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, que dicta la necesidad de hacer una auditoría financiera sobre los estados financieros del Poder Ejecutivo, remitidos por el Ministerio de Hacienda.
Uno de los puntos que encontró la Contraloría en su auditoría es que persistió al igual que los dictámenes del 2011, 2012 y 2013, la no aplicación del método del devengo o acumulación. Esa debilidad fue reconocida por Contabilidad Nacional, quien dijo al ente contralor desconocer cuáles eran en detalle los activos, pasivos, ingresos y gastos que no fueron reconocidos, presentados y revelados en dichos estados financieros.
“La imposibilidad de cuantificar los activos, pasivos, ingresos y gastos no reconocidos en los estados financieros del Poder Ejecutivo al 31 de diciembre de 2014, por la no aplicación integral del método de devengo constituyó una importante limitación para establecer la razonabilidad de los saldos de las diferentes cuentas de activo, pasivo, ingresos y gastos incluidos en dichos estados financieros”, dice el informe en la parte de “Bases para la abstención de opinión”.
La Contraloría también encontró que, pese a haber pedido que los recursos que la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA), trasladó al Ministerio de Hacienda se llevaran en una contabilidad separada porque no pertenecen al Poder Legislativo. En el 2013, los estados financieros del Poder Ejecutivo incluyeron ese dato de 72.867 millones de colones; la Contraloría pidió excluirlo para la próxima, pero en el estado financiero del 2014 se encontró nuevamente el dato: 79.030 millones de colones.
Otro señalamiento hecho por la auditoría es que existen discrepancias en el monto correspondiente a “cuentas por cobrar por cobros judiciales”, ya que el saldo al 31 de diciembre del 2014 era de 64.240 millones de colones, según los registros contables suministrados por la División de Adeudos Estatales de la Dirección General de Hacienda. Sin embargo, dicha división confirmó a la Contraloría que el saldo por cobro judicial a esa fecha era de 62.538 millones de colones, una diferencia de 1702 millones de colones.
El Departamento de Cobros Judiciales, indicó a la Contraloría General que dicha diferencia obedeció a que no cuentan con un sistema de información óptimo para el control eficaz y eficiente de los casos registrados en la base de datos y que constituyen actualmente la cartera morosa.
La auditoría encontró además que la cuenta “Cuentas por cobrar – Deuda certificada Administración Tributaria” tenía un saldo de 321 millones de colones, monto subvaluado por 1242 millones de colones debido a que los ingresos por impuestos internos del mes de diciembre de 2014, fueron registrados en enero de 2015, porque la información referente a dichos ingresos fue remitida a la Contabilidad Nacional por la Dirección General de Tributación, hasta el día 9 de febrero de 2015.
En el caso de las “Cuentas por cobrar – Ingresos tributarios”, el Poder Ejecutivo incluyó lo recaudado por el marchamo en dicha cuenta, cuando lo correcto era trasladarlo a la cuenta “Ingresos no tributarios”.
“Debido a la situación comentada la cuenta quedó sobrevalorada en esa suma y la otra cuenta no posee saldo a dicha fecha”, explicó el ente contralor.
También se encontró problemas con los terrenos inscritos a nombre del Estado, problema señalado desde el año 2013. En esa ocasión el Estado tenía a su nombre 1442 terrenos inscritos a su nombre, pero desconocía la entidad que los administraba.
Para el año 2014, el Estado ya tenía a su nombre 1411 terrenos y tampoco suministró el nombre de la institución que los administra. Adicionalmente se encuentran 2508 terrenos asociados a algún ministerio, sobre los cuales está pendiente verificar si pertenecen a la entidad y si están registrados en el Sistema de Registro y Control de Bienes de la Administración Central (SIBINET) y en la Contabilidad Nacional.
Contraloría encontró discrepancias en el monto de los bienes que administra, ya que según los registros contables al 31 de diciembre de 2014 el monto era de 33.212 millones de colones, pero Hacienda reportó que los bienes eran por 30.127 millones, es decir 3085 millones de colones menor a los registrados en Contabilidad Nacional.
Otros errores reportados en el 2013 y que persistieron en los informes de 2014 son la subestimación de la cuenta “Equipo de transporte”, porque el Gobierno incluyó dos equipos móviles donados por China para la inspección de contenedores, por la suma de 1727 millones de colones, pero el Ejecutivo la incluyó por 3347 millones de colones, es decir, sobrevalorada en 1620 millones; también incluyeron un terreno registrado dos veces y por montos diferentes y no estaban registrados ni revelados los costos incurridos en el desarrollo y mejoras hechas a los sistemas informáticos del Ministerio Hacienda
Adicionalmente, la Contraloría encontró que en el inventario de bienes inmuebles bajo la administración del MOPT, el poder Ejecutivo comentó que el monto total de los bienes registrados era menor en ¢113.266.488.074 que el consignado. Dicha diferencia se incrementó al 31 de diciembre de 2014 a ¢126.865.300.039.
“En relación con la diferencia mencionada la Administración desconoce su origen situación que le genera a esta Contraloría una importante incertidumbre sobre la razonabilidad del saldo de bienes del MOPT”, dice el informe.
La Contraloría también criticó que se siga sin tener un inventario de puentes y rutas nacionales
“Por la importancia de los asuntos descritos sobre los que no fue posible obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proveer una base para la opinión de auditoría, no le es posible a la Contraloría General de la República emitir una opinión sobre los estados financieros del Poder Ejecutivo al 31 de diciembre de 2014 y por el año que terminó en esa fecha, de acuerdo con los Principios de Contabilidad Aplicables al Sector Público Costarricense, así como con las disposiciones legales, reglamentarias y otra normativa emitida por la Contabilidad Nacional”, concluye la auditoría.
