San José, 07 may (elmundo.cr) – La Contraloría General de la República (CGR) respondió de manera categórica a la consulta realizada por el Ministerio de Hacienda sobre la posibilidad de contratar, con recursos públicos, una póliza de seguro de responsabilidad civil en favor de altos jerarcas del Poder Ejecutivo, incluyendo al presidente de la República, vicepresidentes, ministros y viceministros.
Según el criterio técnico-legal emitido por la CGR, no existe habilitación legal para utilizar dinero público con el fin de contratar este tipo de seguros que beneficiarían directamente a funcionarios. El órgano contralor dejó claro que los seguros financiados por el Estado deben resguardar los intereses de la administración pública, y no cubrir responsabilidades personales de quienes ocupan cargos de alta jerarquía.
“La contratación de seguros para cubrir responsabilidades personales de jerarcas sería incompatible con el principio de legalidad financiera y el régimen de responsabilidad administrativa”, señala el documento.
Además, la CGR recordó que la rendición de garantías o cauciones es una obligación personal del funcionario público, conforme al marco normativo vigente. Por ello, el uso de fondos estatales para proteger a funcionarios ante eventuales errores u omisiones en el ejercicio de sus cargos carece de sustento legal.
La Contraloría fue enfática en que los jerarcas deben responder con su propio patrimonio ante posibles actuaciones ilegales o incorrectas, ya que forman parte de un sistema que demanda responsabilidad individual por las decisiones tomadas en la función pública.
Este pronunciamiento reafirma uno de los principios fundamentales de la gestión pública costarricense: los recursos del Estado deben destinarse al bienestar colectivo y no al beneficio personal de los funcionarios. En consecuencia, el Ministerio de Hacienda deberá abstenerse de impulsar la contratación de estas pólizas con cargo al erario.
