San José, 29 nov (elmundo.cr) – La Contraloría General de la República (CGR) rechazó un recurso de revocatoria con apelación en subsidio presentado por el Ministerio de Hacienda y el Mideplan, para continuar con el proyecto de Ciudad Gobierno.
Los jerarcas de Hacienda, Nogui Acosta, y de Planificación, Laura Fernández, fueron notificados por la Contraloría mediante la resolución R-DC-00114-2023 del 27 de noviembre de 2023.
De igual forma la Contraloría indica que sobre el tema del proyecto de Ciudad Gobierno se lleva a cabo una investigación ante una denuncia que fue tramitada, por lo que dicho expediente es de acceso restringido dada la normativa vigente aplicable.
Sobre lo resuelto
El recurso de revocatoria fue resuelto el 5 de octubre de 2023 por parte del Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Finanzas Públicas de la CGR, la cuál resolvió rechazar de plano el recurso en contra de la advertencia y declarar sin lugar el recurso en cuanto a la interpretación del artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública, de modo que procedió entonces la resolución de la apelación en subsidio ante el Despacho de la Contralora.
Se resuelve lo siguiente:
1) Que el arrendamiento de bienes inmuebles por construir o en proceso de construcción debe ser sobre terrenos privados.
2) Que la norma no ampara encargar directamente a un tercero el diseño y construcción de obra pública a la medida.
3) Que el arrendamiento financiero es endeudamiento.
4) Que el artículo 67 no contempla el diseño, construcción en terrenos públicos, arrendamiento, administración y posterior transferencia de los bienes al Estado.
La Contraloría aclara que “la vía recursiva fue planteada por autoridades del Poder Ejecutivo de modo que no puede achacarse retraso alguno culpa de la CGR en dicho proyecto”.
“Adicionalmente, no es posible que se señale un atraso en la ejecución del proyecto si las autoridades han indicado que se encuentran en fase de estructuración, etapa que dista sustancialmente de una eventual etapa de ejecución”, agregan.
La Contraloría indicó “el oficio de advertencia no es respecto del Proyecto Ciudad Gobierno sino de la imposibilidad legal de utilizar el artículo 67 para contratarlo de manera directa a un tercero”.
“Se trata de una acción de fiscalización preventiva de los fondos públicos y del principio de legalidad, misión constitucional de la Contraloría General de la República”, concluyen.
