San José, 18 ene (elmundo.cr) – El proyecto de Ley que pretende poner orden en los pluses salariales del sector público sin afectar el salario de los actuales funcionarios empezó su trámite en la Asamblea Legislativa.
El proyecto, tramitado bajo el expediente 19.506 iniciativa de la liberacionista Sandra Piszk, empezó su periodo de audiencias ante la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa.
La primera en opinar sobre el mismo fue la Contralora General de la República, Marta Acosta, quien afirmó que si bien el proyecto es un buen inicio en la discusión de reforma al empleo público, el mismo es insuficiente pues solamente reforma seis de los más de 100 pluses salariales del sector público.
Asimismo, la jerarca recalcó que el impacto de la Ley sería insignificante para palear el déficit fiscal que tiene Costa Rica, pues solamente reduciría el gasto estatal en 0,05% del Producto Interno Bruto (PIB).
Acosta sin embargo, reconoció que los efectos de la Ley se verían a largo plazo, una vez la planilla estatal se vaya sustituyendo por nuevos funcionarios que estarían regidos por las modificaciones que aprueben los congresistas.
La estimación hecha por la Contraloría es que el ahorro que se generaría con esta legislación sería de unos ¢13.500 millones de colones, proveniente de la modificación a las anualidades.
El ahorro consiste en que la iniciativa de Ley trae una serie de reformas entre las que se encuentra solamente reconocer el pago de anualidad a aquellos funcionarios que reciban una calificación de “muy buenos” y “excelentes”, a la vez que unificaría los porcentajes que se pagan.
Los primeros recibirían entre 1,45% y 1,92% de anualidad, mientras que los segundos entre 1,94% y 2,56%. Aquellos funcionarios que obtengan una calificación de “buenos” o inferior, no gozarían de la anualidad.
Sin embargo, la Contralora Acosta indicó que es necesario incluir en el proyecto lineamientos que se empleen para calificar a los funcionarios públicos, para evitar que el 99% de los trabajadores del Gobierno sean calificados como “excelente” a falta de un instrumento estandarizado que se aplique para evaluar el desempeño.
Tras la comparecencia de la Contraloría los siguientes en llegar a Cuesta de Moras a hablar sobre el proyecto de Ley serán el Ministerio de la Presidencia, el Colectivo Sindical Patria Justa, el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO), el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Trabajo, la Dirección General del Servicio Civil, la Procuraduría General de la República, la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Legislativa, el Ministerio de Educación Pública, la Universidad de Costa Rica y la Caja Costarricense de Seguro Social.
Además, los diputados solicitaron criterios a distintas instancias públicas de Gobierno Central, Instituciones Autónomas, Municipalidades, Universidades, Colectivos Sindicales, entre otros.
