San José, 14 feb (elmundo.cr) – La Contraloría General de la República (CGR) le recordó al Ministerio de Hacienda que no pueden contratar el seguro para jerarcas con fondos públicos.
Mediante el oficio DFOE-DEC-0100 del 16 de enero de 2025, la Contraloría indica que “la contratación de seguros por parte del Estado debe obedecer al propósito de respaldar exclusivamente aquellos riesgos inherentes a su operación que puedan generar obligaciones económicas legítimas, y no puede utilizarse como una vía para asumir responsabilidades personales de los funcionarios públicos”.
“El régimen de responsabilidad administrativa establece que cada servidor debe responder personalmente por sus actos en el ejercicio de sus funciones, y, por tanto, no corresponde que el Estado destine recursos públicos para cubrir riesgos individuales que no estén previstos en el marco legal”, agregan.
La Contraloría aclara que “cualquier contratación de seguros debe limitarse a aquellos productos que respalden riesgos o gastos que la Administración pueda legítimamente asumir dentro del marco de sus competencias”.
“De lo contrario, cualquier intento de trasladar al patrimonio público responsabilidades personales o de otorgar beneficios directos a funcionarios sería incompatible con el principio de legalidad y con el régimen de responsabilidad administrativa que rige la función pública”, manifestó.
El ente contralor señaló que “cualquier actuación que desvirtúe el propósito del gasto público o implique la utilización indebida de los recursos estatales sería contraria a los principios que rigen la gestión pública”.
“En suma, los recursos públicos sólo pueden destinarse a gastos que cuenten con un respaldo legal y que el Estado esté facultado para asumir, y cualquier eventual indemnización derivada de un seguro debe beneficiar a la Hacienda Pública y ser gestionada conforme a los principios que rigen la administración de recursos públicos”, aseguró.
Además, insisten en que “la contratación de un seguro no puede ser utilizada como un mecanismo para trasladar al erario responsabilidades personales de los funcionarios, ya que esto carece de sustento legal y vulnera los principios de legalidad, eficiencia y responsabilidad en la administración de los fondos públicos”.
“Por lo tanto, se recuerda al Ministerio de Hacienda la necesidad de garantizar el cumplimiento del marco legal vigente, evitando cualquier actuación que pudiera comprometer los recursos públicos o desvirtuar el régimen de responsabilidad administrativa que rige para los funcionarios públicos. El respeto a estos principios no solo asegura la correcta gestión de la Hacienda Pública, sino que también fortalece la confianza ciudadana en la administración del Estado”, concluyen.
