San José, 5 set (elmundo.cr) – La Contraloría General de la República inhabilitó para ocupar cargos públicos a 12 personas, señaladas como responsables de haber utilizado de forma ilegal más de 2320 millones de colones del Fondo de Apoyo para la Educación Técnica y Superior del Puntarenense (FAESUTP).
Así consta en un informe final de 67 páginas redactado por Iván Quesada Rodríguez, Yazmín Castro Sánchez y Raúl Camacho Méndez del órgano decisor de la Contraloría General de la República y del cual EL MUNDO tiene copia.
Los sancionados son Antonio Araya Madrigal, Director Ejecutivo del FAESUTP; José Manuel Arce Campos, representante de los cantones de la Región Pacífico Central; Susan Chen Sui, conocida como Susan Chen Mok y Evelyn Gutiérrez Soto, ambas representantes del Consejo Nacional de Rectores (CONARE); Álvaro Cascante Ramírez, representante de la Municipalidad de Puntarenas; Lorena Mc Taggart Vásquez y Xinia Díaz Vega, ambas representantes del Colegio Universitario de Puntarenas en el FAESUTP.
Diaz Vega figura en documentos del Tribunal Supremo de Elecciones como la presidente suplente del Comité Ejecutivo en Puntarenas del Partido Republicano Socialcristiano (PRSC).
También figuran en la lista de sancionados Carlos Luis Briceño Díaz, representante de las municipalidades de la Región Pacífico Sur y exregidor del Partido Liberación Nacional, Bernal Serrano Mojica, representante de la Municipalidad del Cantón Central de Puntarenas; Luis Marcial Arguedas Trejos, representante del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA); Jenny Román Ceciliano, representante de las municipalidades de los cantones de la Región Pacífico Sur y ex síndica suplente de Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) en Savegre y Fernando Villalobos Chacón, representante de la Universidad Técnica Nacional (UTN).
El FAESUTP es una institución que administra recursos públicos que se le asignan para financiar a la población puntarenense, mediante becas y programas, estudios universitarios, técnicos y de posgrado, creada mediante Ley de la República en el año 1997.
La entidad recibe dineros provenientes del 20% del superávit financiero y de operación del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP); aportes de organismos y entidades nacionales e internacionales; donaciones que reciban las municipalidades de la provincia de Puntarenas y los rendimientos financieros del Fondo y las recuperaciones de cartera.
De acuerdo con la investigación efectuada por la Contraloría, todos los mencionados anteriormente fueron responsables administrativamente del mal manejo de un total de 2.320.982.885 colones del Fondo.
MOTIVOS. La Ley constitutiva del Fondo establece que todas las formas de financiamiento del FAESUTP conforman su capital semilla y no pueden usarse para programas del Fondo, ni siquiera para sus gastos administrativos.
En su lugar, el Fondo debía debía dar recursos para sus programas con los rendimientos financieros de ese capital semilla y los recursos originados en otras fuentes.
“El capital semilla debía mantenerse incólume a efectos de darle sostenibilidad y permanencia en el tiempo al Fondo, para que futuras generaciones de estudiantes pudieran verse beneficiadas del servicio que presta esa entidad pública no estatal”, señala el informe final.
Sin embargo, el Consejo Directivo del FAESUTP desacató esa norma, llevando al Fondo a una situación de inestabilidad y crisis financiera, por la que la Contraloría General de la República decidió abrir una investigación, cuyo expediente alcanzó los casi 800 folios.
La imposibilidad de utilizar los recursos del capital semilla para financiar los programas del Fondo había sido señalada y advertida por el exdirectivo Marcial Arguedas Trejos en enero del año 2006, según consta en una de las actas del Consejo Directivo del FAESUTP que la Contraloría introdujo al expediente.
Arguedas Trejos había dicho en esa ocasión que “(…) el capital semilla no debe tocarse, solo lo que él genere en inversiones”, sin embargo y según revela el informe a partir del 25 de julio y 12 de agosto del 2006, luego de que el Fondo recibiera los primeros recursos desde el INCOP y el Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (FODESAF), empezaron a ofrecer financiamiento de estudios y becas, empleando el capital semilla.
Los datos de la Contraloría muestran que entre el año 1997 y junio del 2011, el Fondo recibió la suma de ¢1457 millones del INCOP y ¢484 millones de FODESAF para un total de ¢1941 millones, recursos que según su Ley eran capital semilla y por tanto, no debían emplearse para los programas del Fondo, sin embargo para el 11 de enero de 2008, el Fondo ya había aprobado 312 préstamos que juntos acumulaban ¢822 millones de colones.
Ya para el 30 de junio de 2011, las becas entregadas por el Fondo usando su capital semilla llegaban a los ¢356 millones de colones, mientras que lo entregado por créditos llegó a ¢1964 millones de colones.
Una certificación emitida por la encargada de Tesorería del FAESUTP, confirma que para agosto del año 2011, el Fondo ya tenía un déficit de 838.758 colones, lo que significaba que los ingresos del Fondo no eran suficientes para sostener su aparato administrativo.
Varias actas de sesiones del Consejo Directivo del FAESUTP, recopiladas por la Contraloría dieron cuenta de los momentos en que ese órgano se percató de las acciones que habían cometido, en perjuicio de la institución.
El 4 de setiembre de 2009, el Director Ejecutivo del Fondo dijo en una sesión que el FAESUTP no contaba con más recursos destinados al financiamiento educativo. El 26 de noviembre de 2009, se comentó en el seno del Consejo Directivo que había reclamos de los beneficiarios, por el atraso en los desembolsos de los préstamos aprobados.
Posteriormente, el 11 de febrero del 2010, se reveló que el Fondo no tenía presupuesto para financiar; para el 23 de setiembre del 2010, se llegó a la conclusión que el Fondo no tenía como subsistir a futuro y el 28 de octubre del 2010, un Directivo manifestó que él sentía que se cometió un error, ya que se sobregiró en préstamos, sin haber dejado fondos.
Pese a que los miembros del Consejo Directivo del Fondo ya habían estado al tanto de la crisis financiera que atravesaban, continuaron otorgando becas y créditos, hasta el momento en el que se vio imposibilitado de cumplir con los desembolsos pendientes y puso en riesgo el servicio en el otorgamiento de nuevos préstamos y becas.
LOS INVOLUCRADOS. El informe de la Contraloría General de la República señaló una clara falta a su deber de administrar los recursos del Fondo, al Director Ejecutivo y el Consejo Directivo.
Los documentos revelaron además que, Antonio Araya Madrigal, director del Fondo, no hizo absolutamente nada para evitar la crisis económica del Fondo.
Inclusive, la Contraloría encontró que Araya presentó de forma unipersonal grandes cantidades de solicitudes de préstamos y solicitudes de ampliación de préstamos, los cuáles fueron aprobados por el Consejo Directivo del Fondo.
La Contraloría también señaló a Bernal Serrano Mojica como otro de los responsables de presentar grandes cantidades de propuestas de becas, préstamos y ampliaciones de estos últimos.
“El señor Araya Madrigal, Director Ejecutivo del FAESUTP y Bernal Serrano Mojica, miembro del Consejo Directivo, formaban parte del Consejo Asesor Académico y Técnico y tuvieron la posibilidad de tomar y recomendar acciones que pudieron evitar el desfinanciamiento del Fondo”, señala el informe.
El informe señala a José Manuel Arce Campos de haber dado su voto afirmativo a 679 préstamos y 28 ampliaciones de préstamos, así como 123 becas, todas pagadas con capital semilla.
Susan Chen Sui, dio su aprobación a 625 préstamos, 22 ampliaciones de préstamos y 117 becas pagadas con capital semilla, mientras que Bernal Serrano Mojica, dio su voto afirmativo a la aprobación de 576 préstamos, 20 ampliaciones y 95 becas.
Por su parte, Lorena Mc Taggart Vásquez, ayudó a aprobar 566 préstamos, 21 ampliaciones y 97 becas. Mientras que Carlos Luis Briceño Díaz, aprobó 480 préstamos, 25 ampliaciones y 105 becas.
La Contraloría también señala a Luis Marcial Arguedas Trejos, por haber participado con su voto afirmativo en la aprobación de 348 préstamos, 15 ampliaciones y 78 becas.
Xinia Díaz Vega, fue responsable de haber aprobado 57 préstamos y 17 becas pagadas con capital semilla, mientras que Yenny Román, participó con su voto afirmativo en la aprobación de 37 préstamos y 5 becas.
Finalmente, Álvaro Cascante Ramírez, fue encontrado de haber aprobado 15 préstamos, 6 ampliaciones y 9 becas; Evelyn Gutiérrez Soto, participó con su voto afirmativo en la aprobación de 17 préstamos, 6 ampliaciones y 9 becas y por último, Fernando Villalobos Chacón aprobó 3 préstamos y 2 ampliaciones.
“La violación a las obligaciones administrativas y legales existentes provocó un mal y anormal funcionamiento del Fondo creado por Ley, del servicio o fin de aquél y una ejecución ineficiente de las funciones administrativas designadas”, dice el informe de la Contraloría.
Además agrega que “la aprobación indiscriminada e ilegal de préstamos y becas, con recursos del capital semilla del FAESUTP, pudo haber causado el desfinanciamiento casi total del Fondo, provocando, en tesis de principio, una imposibilidad de cumplir con los compromisos de desembolso previamente adquiridos con los actuales prestatarios”.
SANCIONES. La Contraloría General de la República ordenó destituir de sus cargos sin responsabilidad patronal a todos los involucrados.
Además, estableció inhabilitaciones para ocupar cargos públicos, con diferencias de algunos años.
Antonio Araya Madrigal y Bernal Serrano Mojica fueron inhabilitados para ocupar cargos públicos durante ocho años, al encontrárseles responsables de haber presentado para aprobación las becas y préstamos en todas las sesiones del Consejo Directivo, excediéndose en la utilización del capital semilla.
José Manuel Arce Campos, Susan Chen Sui, Carlos Luis Briceño Díaz y Lorena Mac Taggart Vásquez, Luis Marcial Arguedas Trejos; Jenny Román Ceciliano, Alvaro Cascante Ramírez, Fernando Villalobos Chacón y Xinia Díaz Vega fueron inhabilitados para ocupar cargos públicos por 5 años.
Finalmente, en el caso de Evelyn Gutiérrez Soto, se le impuso una inhabilitación por dos años.
La Contraloría comunicó el acto final de este procedimiento sancionatorio el pasado 12 de agosto, pese a que el informe data del 1 de octubre del 2015. Esto por cuanto se estaban resolviendo en la Sala Constitucional una serie de acciones de inconstitucionalidad contra las potestades sancionatorias que tiene esa institución, adscrita a la Asamblea Legislativa.
