San José, 24 jul (elmundo.cr) – Las comunidades rurales son las más afectadas por las “prácticas riesgosas, debilidades y falta de metas” del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL), según revela un informe de la Contraloría General de la República (CGR)
Se trata de un estudio efectuada por el área de servicios de infraestructura del ente contralor, con el propósito de analizar la razonabilidad de los alcances en proyectos financiados por el FONATEL, especialmente el denominado “Programa N.° 1 Comunidades no conectadas o subconectadas”. El estudio fue llevado a cabo en específico en La Roxana de Guápiles y en Siquirres de Limón.
Según el artículo 32 de la Ley General de Telecomunicaciones, es responsabilidad del FONATEL satisfacer las necesidades de las poblaciones geográfica, social y económicamente vulnerables en cuanto a materia telecomunicativa se refiere, sin embargo, la Contraloría detectó debilidades en la definición del alcance de los proyectos financiados por ese fondo, que repercutieron negativamente en la oportunidad de su ejecución.
Asimismo, la CGR detectó falta de claridad en el establecimiento de las metas del Plan Nacional de Desarollo de las Telecomunicaciones en el gobierno de Laura Chinchilla, así como la existencia de iniciativas gubernamentales que en lugar de facilitar la ejecución de los proyectos, los obstaculizaron.
Por otra parte el ente contralor alega que no hay requerimientos asociados a los proyectos financiados con recursos del FONATEL, su ministro rector (MICITT) y detectó prácticas que pueden poner en riesgo la gestión del Fondo, especialmente en materia de plazos de ejecución de proyectos, otorgar anticipos con garantías colaterales y otros.
“La Contraloría General efectuó una revisión de los proyectos de las zonas de Roxana y Siquirres y determinó que los usuarios de los centros educativos visitados carecían de equipo de cómputo para hacer uso de los servicios de telecomunicaciones, adecuada infraestructura, conocimientos suficientes sobre los beneficios que otorga el FONATEL; y sobre el uso de herramientas informáticas, entre otras”, dice el informe de la Contraloría.
“Con ello se evidencia el desaprovechamiento de la totalidad de los beneficios que se pueden obtener del acceso y prestación del servicio de Internet”, agregaron.
La Contraloría ordenó a la SUTEL y al Ministro Rector la elaboración conjunta de procedimientos y lineamientos para atención de todos los requerimientos del informe. “El área de Seguimiento de Disposiciones realizará el debido seguimiento a los plazos de las disposiciones contraloras”, advirtieron.
Escuche las declaraciones de la Licda. Marcela Aragón, Gerente del área de Infraestructura de la CGR, detallando los hallazgos de este estudio:
